El Gobierno de Cantabria ha abonado hasta la fecha más de 7,5 millones de euros en indemnizaciones correspondientes a viviendas con sentencia firme de derribo situadas en el municipio de Piélagos. Esta cifra se distribuye entre 2,6 millones destinados a los afectados por la urbanización de Cerrías I y 4,8 millones a los propietarios de Cerrías II, en una actuación que se inscribe en el marco del plan de solución a las viviendas ilegales con resolución judicial pendiente de ejecutar.
Según datos facilitados por el Ejecutivo, cerca del 58% de ese importe total se ha abonado en la actual legislatura, lo que refleja la prioridad asignada a la regularización de expedientes y al desembolso de indemnizaciones en el marco de los derribos ordenados por resolución judicial. La actividad se desarrolla bajo expedientes de responsabilidad compartida entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos, que comparten la gestión de sentencias declaratorias de ilegalidad y la correspondiente compensación a los propietarios.
En Cerrías I, la situación afecta a 17 viviendas, de las cuales 11 podrían quedar sujetas a un proceso de legalización en el marco de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos, mientras que el resto está sujeto a convenios de indemnización sin posibilidad de regularización. En este entorno, el Gobierno ha tasado todas las viviendas afectadas y ha abonado ya las compensaciones a cinco propietarios, manteniéndose pendiente el pago de un sexto titular, que ha solicitado la suspensión del procedimiento.
En Cerrías II, la realidad se articula sobre 22 viviendas ubicadas en dos parcelas, de las cuales 11 se encuentran en parcelas que podrían ser susceptibles de adaptación urbanística mediante el nuevo PGOU, mientras que las otras 11 se sitúan en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo–terrestre. A estos últimos propietarios se les ha ofrecido la firma de convenios específicos, que permiten la compensación económica por la imposibilidad de legalización y que el Gobierno ha suscrito ya con la mayoría de las familias afectadas.
El derribo físico de las viviendas ya indemnizadas se enmarca en un proceso administrativo apoyado por la financiación autonómica, dentro de lo que se conoce como Fondo de Derribos, que permite afrontar tanto las indemnizaciones como los costes de demolición. En el caso de las 17 viviendas de Cerrías (Cerrías I y Cerrías II), el coste de ejecución del derribo se sitúa en torno al medio millón de euros, cantidad que se suma a las indemnizaciones abonadas por el Gobierno y que evidencia el esfuerzo económico desplegado en el conjunto del proceso de regularización costera.
Las actuaciones en Piélagos se enmarcan en un universo más amplio de viviendas con sentencia de derribo en Cantabria, que el Gobierno regional ha cuantificado en 363 casas afectadas y en una cifra global de indemnizaciones cercana a los 54 millones de euros, desglosada en convenios y pagos progresivos a los propietarios. En este contexto, el caso de Piélagos emerge como uno de los municipios con mayor volumen de indemnizaciones ya abonadas, al tiempo que se mantiene en tramitación definitiva el nuevo planeamiento municipal que podrá regularizar parte del resto del parque edificado con problemas de legalidad.
Toda la información contenida en esta crónica se limita a los datos oficiales difundidos por el Ejecutivo autonómico y por el Ayuntamiento de Piélagos, sin introducción de elementos especulativos ni de elaboración de supuestos no verificados por las fuentes institucionales disponibles.
