La Policía ha ejecutado el desalojo de una denominada ‘inquiokupa’ que ocupaba una finca pública del Gobierno de Cantabria en Piélagos desde hace siete años sin abonar el alquiler, pese a tratarse de una cantidad considerada irrisoria por el consejero de Vivienda, Roberto Media. El juzgado ha determinado que no se trata de una persona vulnerable, según ha informado Media durante un acto en Torrelavega.
Media ha detallado que este lanzamiento forma parte de los esfuerzos institucionales para recuperar inmuebles destinados a vivienda social, destacando la persistencia de la okupante en el impago durante más de siete años en una propiedad gestionada por el Ejecutivo regional.
Caso de Orejo y sorteo inminente
Paralelamente, el 17 de junio se celebrará el juicio para el lanzamiento de un inmueble okupado en Orejo, en el municipio de Marina de Cudeyo. La propiedad forma parte de una promoción de tres viviendas destinadas a alquiler asequible que el Gobierno prevé sortear el próximo 1 de junio, independientemente de la situación de okupación.
El consejero ha calificado la situación como «ridícula» y ha confirmado que el Ejecutivo ha cumplido todos los requisitos legales para adjudicar la vivienda a sus legítimos beneficiarios. La okupación en Orejo fue denunciada a finales de abril por una pareja joven con una niña.
Reokupación inmediata en Torrelavega
Media ha denunciado un caso flagrante en Torrelavega, donde una inquilina desalojada el 28 de abril por impago de más de dos años reokupó la misma vivienda social apenas 24 horas después. Según vecinos, se trata de la misma persona, quien dejó incluso el ordenador cargando al ser expulsada, evidenciando intenciones de burlar la sentencia judicial.
El proceso contra esta inquilina se inició en noviembre de 2023, con el juzgado confirmando su no vulnerabilidad y ordenando el lanzamiento. El Gobierno presentó nueva denuncia el mismo día de la reokupación, confiando en que la justicia haga cumplir sus resoluciones.
Contexto de okupaciones y críticas a la normativa
Estos incidentes se enmarcan en una situación que afecta tanto al parque público autonómico como a propiedades privadas. Media ha lamentado que existan «más de 50.000 viviendas cerradas» en Cantabria por temor de los propietarios a arrendarlas, atribuyendo parte del problema a la Ley de Vivienda estatal.
El consejero ha instado a derogar dicha norma, que a su juicio perjudica gravemente el mercado habitacional y a los jóvenes. Ha criticado a quienes niegan la existencia de okupas o inquiokupas en el Parlamento, subrayando que se trata de una «realidad muy grave» para administraciones y particulares.
