La fiesta ilegal que arrancó el pasado viernes en la cantera de Roiz, en el municipio cántabro de Valdáliga, llegó a su fin este miércoles tras un despliegue especial de la Guardia Civil que culminó con la salida escalonada de los asistentes. En total, 312 personas abandonaron el recinto ocupado de manera irregular, unas a pie y otras en los 116 vehículos interceptados en los accesos. De estos, 29 conductores dieron positivo en los test practicados: 28 por consumo de drogas y uno por alcohol.
El operativo de cierre, que concluyó sobre las 12.30 horas de este miércoles, se mantuvo activo durante cinco días, con controles en los cinco accesos principales a la cantera. La Delegación del Gobierno informó de que el dispositivo se reforzó especialmente tras la localización de los organizadores en la jornada del martes. La intervención permitió impedir que siguieran entrando nuevos participantes y controlar la salida paulatina de quienes permanecían en el interior.
La retirada de equipos comenzó ya a principios de semana. El lunes por la tarde se habían desmontado las barras de bar y el escenario instalados para la celebración, aunque todavía quedaban asistentes y caravanas dentro del recinto. Pese a que inicialmente se calculó una asistencia cercana a las 400 personas, el recuento final del dispositivo de seguridad cifró la participación en algo más de 300.
La fiesta, carente de cualquier tipo de autorización, fue convocada en redes sociales y rápidamente detectada por la Guardia Civil, que a primera hora del sábado activó un operativo para impedir el acceso de más personas. Desde entonces, se realizaron de forma continuada pruebas de alcohol y drogas a los conductores que abandonaban la zona, además de identificar a los participantes.
Las consecuencias legales podrían ser severas. La Delegación del Gobierno advirtió que los promotores de la rave se enfrentan a sanciones de hasta 600.000 euros, mientras que los asistentes podrían recibir multas de entre 150 y 30.000 euros. Paralelamente, la empresa concesionaria de la cantera ha interpuesto una denuncia por la ocupación ilegal de sus instalaciones.
Con este dispositivo, que mantuvo a agentes desplegados durante cinco días, se pone fin a un evento que generó gran preocupación en la zona tanto por la masiva afluencia como por la falta de medidas de seguridad.
