El Gobierno de Cantabria ha llevado a Bruselas un mensaje claro: la industria cántabra necesita un marco de competencia justo dentro del diseño de las políticas climáticas europeas. En una serie de reuniones celebradas en la capital comunitaria, el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha planteado de forma directa ante representantes de la Comisión Europea la necesidad de que los costes derivados de la lucha contra el cambio climático se repartan de forma equilibrada entre todos los operadores, sin que las empresas de la región se vean desventajadas frente a su competencia extracomunitaria.
En concreto, Arasti ha reivindicado la existencia de mecanismos de compensación “eficaces y suficientes” para las emisiones de dióxido de carbono y para las inversiones necesarias en procesos de descarbonización. La idea central es que la industria cántabra y, en general, la española y europea, puedan seguir compitiendo en igualdad de condiciones en los mercados interior y exterior, sin verse penalizada por someterse a requisitos ambientales que no se aplican con la misma intensidad fuera de la Unión.
El consejero se ha reunido en la capital belga con Miguel Gil, jefe de Gabinete de la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, en un encuentro enmarcado dentro de una campaña autonómica destinada a visibilizar el impacto que las normas comunitarias de emisiones tienen sobre la actividad industrial. Tras EREs y ajustes productivos en empresas como Bridgestone, Teka o Solvay, el Gobierno cántabro advierte de que la falta de equilibrio en el marco competitivo está abocando a la región a pérdidas de actividad y empleo en sectores intensivos en energía y calor.
Arasti ha señalado que en una comunidad autónoma de pequeño tamaño, como Cantabria, el efecto de estas políticas se percibe de forma especialmente aguda. Ha citado, de forma explícita, compañías como Teka, Vitrinor, Solvay, Birla Carbon, Saint‑Gobain y otros agentes de la industria calor y electrointensiva, que se encuentran “seriamente amenazadas” por un marco competitivo que, a juicio de la Administración regional, resulta distorsionado. Para el Ejecutivo, este desajuste no solo perjudica a la economía local, sino que afecta también a la competitividad general de la industria europea y alimenta el riesgo de “fuga de carbono”, es decir, la deslocalización de producción a entornos menos exigentes ambientalmente.
Entre las reivindicaciones concretas transmitidas a la Comisión figuran demandas específicas de empresas cántabras. Por ejemplo, Saint‑Gobain ha solicitado que las medidas de defensa de la competencia que se están negociando para el sector siderúrgico se extiendan de forma equivalente a la fundición dúctil, un segmento estratégico para la planta santanderina. Asimismo, Birla Carbon Spain ha planteado la conveniencia de una moratoria de cinco años para su actividad de fabricación de negro de humo, que permitiría a la empresa adaptarse de forma ordenada a los nuevos requisitos de reducción de emisiones de CO₂ sin perder capacidad competitiva frente a operadores que no soportan el mismo coste ambiental.
El Ejecutivo autonómico subraya que la compensación adecuada no solo es una cuestión de supervivencia industrial, sino también de coherencia ambiental. Sin mecanismos que eviten la fuga de emisiones a otros países, los esfuerzos de descarbonización en Europa podrían quedar en gran parte neutralizados, al trasladar la contaminación a territorios donde los estándares son más laxos. Desde Cantabria se insiste, por tanto, en la necesidad de articular instrumentos que garanticen tanto la protección del clima como la viabilidad de la producción europea, sin que estas dos exigencias se conviertan en factores que se compensen mutuamente en detrimento de la industria de la región.
Dentro de este planteamiento, el consejero ha defendido también la importancia de apoyar activamente las inversiones en descarbonización, utilizando el ejemplo de Solvay, que está a punto de abordar un proyecto de 250 millones de euros para adecuar su producción a un entorno bajo en carbono. Sin embargo, ha matizado que la empresa compite con operadores extracomunitarios que no se ven obligados a realizar inversiones equivalentes y siguen utilizando combustibles como el carbón o el gas, en muchos casos más baratos y sin asumir coste alguno por las emisiones generadas. En este contexto, Cantabria considera “imprescindible” que la Comisión plantee compensaciones suficientes en todos los eslabones del proceso productivo, de forma que la transición hacia una industria baja en carbono no se traduzca en un encarecimiento competitivo estructural.
En su intervención, Eduardo Arasti ha subrayado que la UE emite aproximadamente el 6% de los gases de efecto invernadero globales y ha pedido que se dé tiempo a la industria europea para adaptarse, sin apresurar la ambición climática más allá de lo razonable desde el punto de vista económico y social. El Gobierno de Cantabria se ha mostrado, además, dispuesto a servir de interlocutor para cualquier empresa o sector de la comunidad autónoma que requiera trasladar de forma directa sus preocupaciones en materia de competencia y regulación ambiental ante las instituciones comunitarias
