La Guardia Civil ha detenido a tres personas y mantiene a una cuarta bajo investigación en el marco de una operación contra una presunta red dedicada a la explotación laboral y al favorecimiento de la inmigración irregular en el sector de la construcción en el norte de España, con actuaciones desarrolladas en Cantabria, Asturias y País Vasco.
La investigación se puso en marcha el pasado verano, cuando la Policía Judicial detectó indicios de una posible trama organizada en torno a la contratación irregular de trabajadores extranjeros en situación de vulnerabilidad. A partir de ahí, los agentes desplegaron vigilancias y distintas comprobaciones en las tres comunidades autónomas citadas, lo que permitió centrar las pesquisas en una empresa cuyo principal responsable desarrollaba su actividad en Bizkaia y cuya sede económica estaba en Vitoria-Gasteiz.
Según la información facilitada, los investigadores detectaron que muchos de los trabajadores afectados se encontraban en una situación de especial fragilidad por motivos económicos o sociales, lo que les dejaba en una posición de dependencia respecto a quienes controlaban sus desplazamientos y sus condiciones de trabajo. En algunos casos, además, habían llegado a España tras largos trayectos migratorios con escalas en países como Grecia e Italia, y parte de ellos habría contraído deudas de hasta 30.000 euros para financiar el viaje.
Ese nivel de endeudamiento, unido a la irregularidad administrativa de buena parte de los trabajadores, habría favorecido una situación de sometimiento y escasa capacidad de reacción frente a las condiciones que se les imponían. La mayoría de ellos eran trasladados cada jornada desde distintos puntos de Vitoria a obras repartidas por diferentes lugares, recorriendo en algunos casos centenares de kilómetros al día, mientras que en Cantabria y Asturias, por la distancia respecto a la sede empresarial investigada, eran alojados durante la semana en viviendas que ahora forman parte de la investigación.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se incorporó a las diligencias en febrero de 2026, dentro del convenio existente con la Secretaría de Estado de Seguridad, para reforzar la vigilancia sobre posibles incumplimientos laborales, en materia de prevención de riesgos y de Seguridad Social. Durante el desarrollo del caso también salieron a la luz varios accidentes laborales sufridos por trabajadores vinculados al entramado investigado, y al menos dos de ellos habrían tenido que recibir asistencia médica en centros sanitarios antes de ser apartados de la actividad laboral.
En la fase final del operativo, realizada el pasado mes, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Judicial de la Guardia Civil en Álava y Cantabria, con apoyo de más de 70 efectivos de las USECIC de Guardia Civil en País Vasco, Cantabria y Asturias, llevaron a cabo una actuación simultánea en varias obras del norte de España. El resultado fue la inspección de 10 obras, con presuntas irregularidades detectadas en siete de ellas, y la identificación de 41 trabajadores extranjeros vinculados a distintas empresas investigadas.
La mayor parte de esas personas utilizaba documentación de terceros para acreditar su identidad, ya que se encontraban en situación administrativa irregular en España. Durante las actuaciones, varios trabajadores mostraron reticencias iniciales a colaborar con las autoridades y a facilitar la verificación de su identidad y su situación, aunque posteriormente algunos de ellos reconocieron haber pagado cantidades elevadas a organizaciones que facilitaban la inmigración irregular para poder llegar a España y acceder a un empleo.
En total, la operación se ha saldado con la detención de tres responsables empresariales y la investigación de una cuarta persona por su presunta implicación en los hechos. También se han practicado tres registros e inspecciones en inmuebles y establecimientos de Bizkaia y Álava, donde se ha intervenido documentación y dispositivos electrónicos que siguen siendo analizados por los investigadores.
Tras las comprobaciones realizadas, 40 de los 41 trabajadores identificados se encontraban en situación administrativa irregular en España, según la información difundida por la Guardia Civil. Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Santander, que dirige ahora la instrucción del procedimiento.
La operación, bautizada como “Ambotan-Canapu”, continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones a medida que avance el análisis del material intervenido. La Guardia Civil, por su parte, insiste en la importancia de denunciar cualquier situación vinculada con la explotación laboral, la trata de seres humanos o el favorecimiento de la inmigración irregular, al considerar clave la colaboración ciudadana para detectar estos hechos y proteger a las víctimas.
