La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha lanzado un serio aviso sobre el incremento de agresiones sufridas por agentes del cuerpo en Cantabria, una comunidad que en lo que va de 2024 ya acumula 33 ataques. Solo Almería supera esta cifra, con 46 incidentes registrados, según datos de la propia organización.
Para ilustrar esta preocupante tendencia, JUCIL ha dado a conocer un suceso reciente ocurrido en Reinosa, donde dos guardias civiles fueron agredidos mientras intentaban identificar a los ocupantes de un vehículo que circulaba de forma errática. Durante la intervención, el conductor y su acompañante se enfrentaron a los agentes, a quienes lograron reducir momentáneamente. En el forcejeo, uno de los agresores escapó en su propio coche y el otro robó el vehículo oficial, que acabó despeñado en la carretera de acceso a Alto Campoo.
El conductor, según la asociación, ya había sido detenido en el verano de 2023 por disparar contra una familia con menores tras una discusión de tráfico también en Reinosa. En aquel momento, fue acusado de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y un delito contra la seguridad vial, ya que conducía sin carné. Tenía 44 años, era de origen ecuatoriano y el permiso de conducción ya le había sido retirado.
“No tiene sentido que alguien con este historial pueda andar por la calle como si nada”, lamenta uno de los guardias implicados en la agresión, a través de un comunicado difundido por JUCIL. El agente subraya que este es ya el tercer ataque grave registrado contra efectivos del cuerpo en Cantabria en lo que va de año. «Hasta sufrimos la agresión de una víctima de violencia de género mientras intentábamos protegerla», relata, aún perplejo.
Desde JUCIL en Cantabria, su secretario, José Mota, advierte del “preocupante” número de ataques a agentes en una región que, a priori, no debería estar entre las más conflictivas. “No somos una zona de entrada de droga ni de inmigración irregular como pueden ser algunas provincias andaluzas o gallegas”, explica. Pese a ello, denuncia que la violencia contra los agentes “ha crecido notablemente y se ha vuelto un problema recurrente”.
La asociación señala directamente a lo que consideran una legislación “demasiado permisiva” como una de las causas del aumento de la violencia. “El principio de autoridad se ha perdido. Hoy cualquiera graba nuestra intervención y la publica en redes, lo que anima al delincuente a resistirse con violencia. Y encima, el acusado termina siendo el guardia”, afirma Mota. A su juicio, las penas “blandas” generan reincidencia porque “saben que no pasa nada”.
En este contexto, JUCIL reclama una reforma legal que endurezca las penas por agredir o amenazar a agentes y más medios de protección: desde defensas extensibles o pistolas eléctricas para patrullas, hasta chalecos antibalas individuales y vehículos modernos. También piden que se revise el protocolo de custodia de detenidos y que no se formen patrullas con un solo agente.
En clave nacional, las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han crecido un 18% en lo que va de 2024, alcanzando los 1.404 casos, la cifra más alta de los últimos años. Desde 2021, el aumento roza el 34%, aunque los ataques con armas han descendido un 23%, con 36 casos registrados en todo el país este año.
