El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha trasladado a los afectados por las sentencias de derribo la hoja de ruta del Gobierno de Cantabria para intentar resolver de forma definitiva un problema que se prolonga desde hace casi tres décadas.
Durante un encuentro celebrado en Argoños, al que asistieron más de 200 personas, Media ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico de completar las actuaciones previstas antes de que finalice la actual legislatura, que concluirá en mayo de 2027.
La planificación afecta a los cuatro municipios cántabros con viviendas vinculadas a sentencias de derribo: Argoños, Piélagos, Escalante y Arnuero. El Gobierno autonómico trabaja en la actualización del calendario de actuaciones para cada localidad, con el objetivo de concretar los plazos, los proyectos previstos y el estado en el que se encuentra cada expediente.
El consejero ha asegurado que esta planificación pretende ofrecer a los propietarios una información más clara sobre los pasos que deben seguir y sobre las alternativas disponibles para cada vivienda. Entre esas opciones se encuentran la entrega de un inmueble de sustitución o el abono de una indemnización económica, en función de la situación de cada afectado y de las decisiones que adopte.
Calendario para los cuatro municipios
Media ha anunciado que el Gobierno presentará próximamente un calendario modificado para Argoños, Piélagos, Escalante y Arnuero. El documento recogerá las actuaciones que se desarrollarán en cada municipio y los plazos estimados para su ejecución.
La intención del Ejecutivo es que los afectados puedan conocer con mayor precisión qué actuaciones están previstas, qué trámites se han completado y cuáles continúan pendientes. El Gobierno considera que esta información debe servir para aportar certidumbre a los propietarios, que llevan años pendientes de una solución definitiva.
El problema de las sentencias de derribo se remonta a diferentes decisiones judiciales relacionadas con la construcción y legalización de viviendas. En muchos casos, los propietarios adquirieron los inmuebles sin haber participado en las irregularidades administrativas o urbanísticas que dieron lugar a los procedimientos judiciales.
Por ello, las administraciones han planteado distintas fórmulas para compensar a los denominados terceros de buena fe. Entre las soluciones se encuentran la conservación de las viviendas cuando la normativa lo permite, la construcción de casas de sustitución y el pago de indemnizaciones cuando no resulta posible mantener los inmuebles.
El consejero ha explicado que su departamento activará “de inmediato” los convenios necesarios para que los afectados por la última resolución judicial puedan elegir entre una vivienda de sustitución y una compensación económica.
Argoños, el municipio más afectado
La situación de Argoños ha centrado buena parte de la reunión, especialmente después de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anuló el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
La resolución judicial afecta a viviendas que se encontraban pendientes de legalización. De acuerdo con la información trasladada por el Gobierno, la decisión implica que 134 viviendas que podían verse beneficiadas por ese proceso quedan vinculadas a la ejecución de las correspondientes sentencias de derribo.
En el conjunto del municipio, las sentencias afectan a 254 viviendas. Los propietarios afrontan ahora un nuevo escenario después de que quedara anulada la vía urbanística que podía permitir la regularización de parte de los inmuebles.
El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Argoños han decidido no recurrir la sentencia del TSJC y han reiterado su voluntad de seguir trabajando para encontrar una salida para las familias afectadas.
El Ejecutivo autonómico ha adquirido ya una parcela en Argoños con el objetivo de construir viviendas de sustitución. Además, la Consejería de Fomento prepara un concurso público para adquirir nuevos terrenos que permitan atender las necesidades derivadas de la ejecución de las sentencias en los distintos municipios.
El Gobierno también prevé firmar un convenio marco con el Ayuntamiento de Argoños para prestar asistencia técnica, jurídica y económica en aquellas actuaciones cuya responsabilidad corresponda exclusivamente a la administración municipal.
Viviendas de sustitución
En la urbanización La Llana II ya se han entregado dos de las tres viviendas de sustitución previstas. La tercera se entregará próximamente, según la información facilitada por la Consejería.
En paralelo, continúa la tramitación de la indemnización solicitada por otro de los propietarios afectados. Se trata de una de las alternativas contempladas para aquellos casos en los que los titulares prefieren recibir una compensación económica en lugar de un nuevo inmueble.
Además, el proyecto para construir otras seis viviendas de sustitución ya ha sido adjudicado. El objetivo del Gobierno es que las obras comiencen antes de que finalice este año.
En La Llana I, donde hay 89 viviendas afectadas, la Consejería ha contratado la tasación de todos los inmuebles. Una vez que finalicen las valoraciones, los propietarios podrán comunicar si optan por una vivienda de sustitución o por recibir una indemnización económica.
La elección dependerá de las circunstancias de cada caso y de las condiciones recogidas en los convenios suscritos entre las administraciones y los afectados.
Convenios y asistencia a los propietarios
La hoja de ruta del Gobierno contempla la colaboración directa con los ayuntamientos implicados. El Ejecutivo autonómico pretende que los convenios permitan coordinar los trabajos urbanísticos, jurídicos y económicos necesarios para cumplir las resoluciones judiciales.
El convenio marco previsto con Argoños permitirá prestar asistencia técnica y jurídica al Ayuntamiento, además de apoyo económico para facilitar la ejecución de las sentencias cuya responsabilidad sea exclusivamente municipal.
La Consejería también tiene previsto intervenir en la búsqueda de suelo para construir las viviendas de sustitución que sean necesarias. Para ello, sacará a licitación un concurso público destinado a adquirir nuevas parcelas.
El objetivo es disponer de terrenos suficientes para desarrollar las promociones que correspondan en cada localidad y evitar que la falta de suelo vuelva a retrasar las soluciones.
Los afectados han reclamado en distintas ocasiones que los compromisos del Gobierno se traduzcan en documentos, proyectos, presupuestos y plazos concretos. La Asociación de Maltratados por la Administración, que representa a parte de las familias, ha insistido en la necesidad de conocer con claridad el calendario y el estado de cada expediente.
En el encuentro de Argoños, Media ha defendido que el Ejecutivo está trabajando para responder a esa demanda y ha asegurado que el nuevo calendario permitirá seguir el avance de las distintas actuaciones.
Un problema pendiente desde hace décadas
Las sentencias de derribo han generado durante años una situación de incertidumbre para cientos de propietarios de viviendas situadas en distintos municipios de Cantabria. En muchos casos, las familias continúan ocupando sus casas mientras esperan una solución administrativa o judicial que permita determinar su futuro.
La demora en la ejecución de las resoluciones, la sucesión de recursos y los cambios en el planeamiento urbanístico han prolongado el problema. Las familias afectadas han reclamado de forma reiterada que las administraciones asuman su responsabilidad y eviten que los propietarios tengan que afrontar las consecuencias económicas de unas irregularidades que no provocaron.
La solución planteada por el Gobierno combina distintas vías. Cuando sea posible, se intentará mantener o regularizar la vivienda. En los casos en los que el derribo resulte inevitable, se ofrecerá una casa de sustitución o una indemnización.
El Ejecutivo regional ha reiterado que pretende completar este proceso durante la actual legislatura. Para ello, deberá avanzar de forma paralela en la tramitación de los expedientes, la valoración de los inmuebles, la disponibilidad de suelo, la construcción de nuevas viviendas y la firma de los convenios con los ayuntamientos.
Media ha insistido en que el Gobierno seguirá avanzando para dar respuesta a los propietarios de Argoños, Piélagos, Escalante y Arnuero, los cuatro municipios incluidos en esta fase de la hoja de ruta.
