La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha afirmado que la simplificación administrativa “ya no es una opción” y ha asegurado que el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha una transformación “sin marcha atrás” en la Administración autonómica. Su mensaje se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para reducir cargas burocráticas y agilizar la relación de ciudadanos, empresas y entidades locales con la Administración.
Urrutia ha defendido que la comunidad autónoma se encuentra inmersa en un proceso de cambio de calado, impulsado a través de la nueva Ley de Simplificación Administrativa y de sus desarrollos reglamentarios. Según ha explicado en distintas intervenciones recientes, el objetivo es modernizar el funcionamiento de la Administración y hacerla más ágil, segura y eficiente, con herramientas que permitan acortar trámites y mejorar los tiempos de respuesta.
La consejera ha enmarcado este proceso dentro del proyecto estratégico ‘Cantabria Facilita’, con el que el Gobierno quiere avanzar tanto en la simplificación de procedimientos como en la transformación digital de la Administración autonómica. En esa línea, el Ejecutivo ha planteado un plan de actuaciones que, según ha señalado Urrutia, pretende cambiar la forma de trabajar de la Administración para ofrecer mejores servicios públicos y favorecer también la actividad económica.
Entre las medidas ya impulsadas por el Gobierno figuran la puesta en marcha de una línea abierta para canalizar dudas y sugerencias de ayuntamientos, entidades y ciudadanos sobre la aplicación de la nueva ley, así como reuniones de coordinación con la Federación de Municipios y planes de formación dirigidos a empleados públicos municipales. El Ejecutivo considera que la colaboración con los ayuntamientos será clave para que la simplificación no se quede solo en la norma, sino que se aplique de forma real en el día a día.
Urrutia también ha destacado que el desarrollo reglamentario de la ley avanza a buen ritmo y que parte de las herramientas previstas ya se encuentran en trámite o en preparación. Entre ellas citó el plan de simplificación administrativa, el plan de administración digital, el decreto sobre los silencios administrativos, el regulador de las entidades colaboradoras de certificación y el decreto de reducción de plazos de resolución.
La consejera ha subrayado igualmente que la simplificación administrativa debe entenderse como una política transversal, capaz de influir en todos los procedimientos y en todas las consejerías. A su juicio, la meta pasa por eliminar trámites innecesarios, reducir cargas y ganar seguridad jurídica, evitando que el peso burocrático ralentice expedientes que afectan tanto a la ciudadanía como al tejido productivo.
En esa misma línea, el Gobierno ha defendido que la Ley de Simplificación Administrativa, aprobada en 2025, introduce por primera vez en Cantabria un deber general de promover la simplificación y de reducir la burocracia y los trámites innecesarios. Desde el Ejecutivo se insiste en que se trata de una norma pensada para hacer más fácil la vida a empresas y ciudadanos y para favorecer el crecimiento económico de la región.
Urrutia ha querido además poner el acento en el papel de los empleados públicos como pieza central de este proceso. Según ha remarcado en otras intervenciones, son ellos quienes deben protagonizar la transformación administrativa, ya que el cambio no depende solo de aprobar leyes, sino también de adaptar la forma de trabajar y de incorporar nuevos procedimientos y herramientas digitales.
La consejera ha vinculado esta agenda de reforma con la necesidad de que Cantabria disponga de una Administración más cercana y útil, capaz de funcionar como aliada de autónomos, empresas, industria, ganaderos y ciudadanía en general. En ese marco, el Gobierno considera que simplificar ya no es una opción política más, sino una obligación para responder a las exigencias actuales y para situar a la comunidad en un escenario de mayor competitividad y agilidad institucional.
