El Pleno del Parlamento de Cantabria ha vivido este lunes una sesión intensa que ha marcado un antes y un después en materia de seguridad municipal y protección del patrimonio cultural. Los diputados han aprobado, por unanimidad, la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de 2022, han dado luz verde a la tramitación de la proposición de ley de Patrimonio Cultural presentada por el PP y el PRC, y el Ejecutivo ha firmado en el mismo día el protocolo de colaboración con la Policía Nacional para ejecutar la primera oposición única autonómica para el acceso a los cuerpos de Policía Local, prevista para el último trimestre de este año. Un trío de decisiones que cierra el círculo de la modernización de las policías locales y abre una nueva etapa en la gestión del patrimonio cántabro.
La reforma de la Ley de Policía Local: armas en prácticas y un proceso selectivo unificado
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha presentado la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales como la pieza clave para culminar el proceso de modernización de estos cuerpos. El texto introduce seis cambios concretos en la norma de 2022, pero la más visible y discutida es que los policías locales en prácticas podrán portar armas de fuego durante su periodo formativo, siempre que hayan superado la instrucción de tiro correspondiente. Urrutia ha señalado que varias comunidades autónomas ya lo hacen así y que la medida cuenta con el consenso de ayuntamientos y sindicatos.
La reforma también separa con mayor claridad las fases de oposición, formación y prácticas del proceso selectivo unificado, simplifica el acceso a los cuerpos y permite que el curso básico obligatorio sea realizado por un número de aspirantes superior al de plazas convocadas, en el porcentaje que fijen las bases de cada convocatoria. Con ello se busca evitar que queden vacantes sin cubrir cuando algún aspirante no supere el curso o renuncie durante el proceso. Quienes aprueben esta formación quedarán además exentos de repetirla en futuros procesos selectivos, lo que refuerza la estabilidad de las plantillas municipales.
El nuevo texto elimina la limitación temporal de cinco años para el reconocimiento de cursos y prácticas en procesos de selección y promoción interna, favoreciendo el desarrollo de la carrera profesional de los agentes. Además, adapta la ley a la estructura administrativa actual al eliminar las referencias a la antigua Escuela de Policía Local, que ya fue integrada en el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP).
Urrutia ha anunciado que, una vez entre en vigor la ley, se iniciará el trámite de audiencia e información pública de las nuevas normas marco que regularán la organización, funcionamiento y prestación del servicio de los policías locales de Cantabria. Paralelamente, el Ejecutivo continuará trabajando para convocar durante el último trimestre de 2026 el primer proceso selectivo unificado para los ayuntamientos cántabros que necesiten incorporar agentes.
El protocolo con la Policía Nacional para la oposición única
En el mismo día del pleno, el Gobierno de Cantabria y la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional han rubricado un protocolo de colaboración que crea el marco necesario para ejecutar la primera oposición única para el acceso a los cuerpos de Policía Local de la comunidad. La consejera Isabel Urrutia y el comisario principal jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, Javier Daniel Nogueroles, han firmado el acuerdo por el que se crea un espacio técnico y material de colaboración para gestionar y ejecutar el proceso selectivo.
Urrutia ha valorado este protocolo como un «paso más» para hacer realidad la oposición única, tras la aprobación del decreto que regula las prácticas y el proceso selectivo que se desarrollará por primera vez a finales de año. El acuerdo permitirá avanzar en la coordinación autonómica de estos procesos selectivos y reforzar la capacidad técnica y organizativa mediante la colaboración con la Policía Nacional, especialmente en el diseño de pruebas, elaboración de temarios y desarrollo del proceso formativo.
El sistema unificado permitirá que, a partir de octubre, sea el Gobierno de Cantabria quien realice la selección de los nuevos policías locales para los municipios adheridos, garantizando la igualdad en el acceso, la permanencia de los agentes en los ayuntamientos, la calidad del servicio y la cobertura efectiva de vacantes. Urrutia ha destacado que esto supondrá un importante ahorro económico para los ayuntamientos, que dejarán de asumir los costes de los procesos selectivos de nuevo ingreso.
El Ejecutivo pondrá en marcha además un ambicioso programa formativo en colaboración con la Escuela Nacional de Policía de Ávila, que reforzará la formación especializada que ya se desarrolla en Cantabria. Urrutia ha señalado que «lo que más ha preocupado y ocupado» al Gobierno regional en la presente legislatura es la formación «correcta, especializada, práctica y continuada» de los más de 550 agentes de policía local distribuidos en los 32 municipios cántabros.
Javier Daniel Nogueroles ha valorado muy positivamente la firma del acuerdo, al considerar que la formación constituye «un eje transversal» dentro de las líneas estratégicas del cuerpo. Ha destacado que la cooperación institucional y el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las policías municipales deben asentarse sobre una formación compartida que facilite el intercambio de conocimientos, procedimientos y buenas prácticas. «La Escuela Nacional de Policía y la Policía Nacional son la casa de las policías locales», ha afirmado Nogueroles.
Reacciones parlamentarias a la reforma de la Ley de Policía Local
El diputado popular Cándido Cobo ha señalado que este proyecto de ley responde a una petición de mejoras que han puesto de manifiesto tanto los ayuntamientos como los sindicatos, y que «una vez más» el Gobierno regional responde a las demandas de los colectivos sociales y administrativos. La diputada regionalista Rosa Díaz ha calificado la modificación de «pequeña» pero «importante», y ha destacado que da respuesta a las demandas de los ayuntamientos y de los representantes sindicales.
Para Díaz, es necesario garantizar que los municipios dispongan de efectivos «suficientes» para prestar el servicio «adecuado», ya que «muchos» ayuntamientos, especialmente los más pequeños, afrontan «dificultades» para cubrir las vacantes con rapidez. La modificación también favorece la «modernización» de estos procesos de selección y de formación, lo que permite «garantizar que los futuros agentes cuenten con una preparación acorde a la realidad actual» y «aprovechar mejor la experiencia y la formación ya adquiridas».
El PSOE ha valorado positivamente los aspectos de mejora introducidos en la coordinación, los procesos selectivos y el reconocimiento de la formación y de las prácticas de la Policía Local. La diputada Nórak Cruz ha认为 que los ayuntamientos «necesitan instrumentos más ágiles para garantizar un servicio esencial como es la Policía Local», aunque ha señalado que esta reforma debe aplicarse con una «condición irrenunciable»: «Que no se abra la puerta a la precarización ni a las fórmulas que puedan desnaturalizar el carácter funcionario de la Policía Local».
Cruz ha apoyado esta modificación que «refuerza» el servicio público, la eficacia administrativa y el reconocimiento de la formación, pero garantizando que permanezcan «intactos» los principios de igualdad, mérito, capacidad, estabilidad y seguridad del cuerpo. Finalmente, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha lamentado que se hayan desestimado las enmiendas presentadas desde su grupo, unas «mejoras de mínimos» que fueron planteadas desde la «absoluta sensatez». Sin embargo, ha apoyado la modificación de la norma porque, ha dicho, «lo importante es velar por la seguridad de los ciudadanos y por las mejores condiciones posibles para nuestros profesionales de la Policía Local».
La nueva ley de Patrimonio Cultural: una norma «del siglo XXI»
Todos los grupos parlamentarios y también el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han dado este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria luz verde a la tramitación de la proposición de ley para dotar a la comunidad de una nueva norma de Patrimonio Cultural. Aunque Vox ha apoyado la toma en consideración –lo que imposibilita la presentación de enmiendas a la totalidad–, ha advertido que el texto propuesto tiene «un marcado perfil ideológico sibilino» y «abre la puerta a peligros importantes».
Entre los objetivos fijados por los populares y regionalistas figuran reducir la burocracia, digitalizar los registros y aumentar la inversión obligatoria del presupuesto de Obras Públicas hasta el 2% del total, además de un 1% adicional específico para la rehabilitación paisajística y cultural. Se introducen nuevas categorías de protección y se incorpora una concepción más amplia del patrimonio cultural que abarca no solo los bienes materiales, sino también el patrimonio inmaterial, digital, industrial y paisajístico.
Entre sus principales novedades destacan, además de la introducción de nuevas categorías de protección, la creación de un Registro General del Patrimonio Cultural interconectado, la regulación específica de patrimonios emergentes -como el científico, tecnológico y audiovisual-, y la incorporación de instrumentos de planificación estratégica, como el Plan del Patrimonio Cultural de Cantabria. Los grupos proponentes se han mostrado abiertos a modificaciones del texto que sirvan para mejorarlo y lograr una norma que «sea de todos y para todos».
La futura norma sustituirá a la actualmente vigente, que data de 1998 y que, según han reconocido todos los grupos, se ha quedado «obsoleta». Aunque han sido varios los grupos que han asegurado que dicha norma ha sido una «buena» ley, han insistido en que necesita ser actualizada. El diputado del PP Miguel Ángel Vargas ha subrayado que el objetivo es dotar a Cantabria de una norma «del siglo XXI» para «seguir protegiendo lo nuestro» y que sea «acorde y dé respuesta a las necesidades actuales».
Por su parte, la regionalista Paula Fernández se ha felicitado de que la toma en consideración se va a iniciar la tramitación de una «ley necesaria, moderna y ambiciosa», «pensada para la Cantabria de hoy y para la Cantabria de mañana». Ha destacado la contribución al texto de Javier López Marcano, fallecido el pasado 2 de abril.
Vox critica un texto «ideológico» y el PSOE pide consenso
El grupo más crítico con el texto propuesto por populares y regionalistas ha sido Vox, que se ha comprometido a «levantar alfombras» sobre los «peligros» que éste contiene. A su juicio, el texto presentado por populares y regionalistas «confunde protección con intervencionismo administrativo», según ha indicado la portavoz de Vox, Leticia Díaz. Ha censurado que «amplía sin límites el concepto de patrimonio; crea nuevos órganos y estructuras; incrementa el control sobre propietarios y ayuntamientos hasta el límite, y deja numerosos aspectos esenciales para el desarrollo reglamentario».
Además, cree que el texto presentado «no nace exclusivamente de una urgencia cultural» sino que es fruto de la «conveniencia y el peaje político» que el PP tiene que pagar por el acuerdo presupuestario con el PRC. «Es el precio del Gobierno en minoría para mantener el sillón, entregando las llaves de la regulación de nuestra identidad a aquellos que han hecho del particularismo su modus vivendi», ha reprochado Díaz, que ha advertido que su grupo va a «desarmar cada trampa ideológica, chiringuito camuflado y cada agresión al derecho de propiedad» que «se ha colado» en esta proposición de ley.
Como respuesta, el PP ha negado que haya entregado «nada» pues el patrimonio «es de los cántabros» y ha lamentado que Vox, a la vista de sus palabras, se «autoexcluya» de mejorar el texto. Por su parte, el PSOE se ha mostrado de acuerdo con la necesidad de dotar a Cantabria de una ley porque «el patrimonio cultural del siglo XXI ya no puede abordarse con las categorías del siglo XX». Ha advertido que apoyar la tramitación «no significa renunciar al debate» y cree que hay cuestiones en esta norma que son «complejas y sensibles» y «necesitan ser mejoradas y consensuadas».
«Un ley de patrimonio no puede hacerse desde la imposición. Tiene que construirse siempre desde el acuerdo», ha defendido el socialista Jorge Gutiérrez, que ha asegurado que su grupo afronta la tramitación de la norma con «espíritu crítico, voluntad de mejora, exigencia» y con «sentido institucional». Ha deseado que este «importante» proceso se afronte, «no como una batalla partidista más» sino como un «verdadero debate de región» sobre qué modelo de patrimonio se quiere para las próximas décadas. Desde el PSOE han defendido uno «moderno, garantista, participativo y equilibrado», que «proteja sin asfixiar, que conserve sin paralizar, que escuche a los municipios, que respete a los profesionales, que incorpore innovación y tecnología y que entienda el patrimonio como una herramienta de cohesión social y territorial».
Tras la toma en consideración, la Mesa del Parlamento remitirá el texto inicial a la comisión competente para abrir el plazo para que cada grupo solicite las comparecencias de distintas personas u organizaciones que considere oportunas para pronunciarse sobre el contenido del mismo y, posteriormente, se hará lo propio para la presentación de enmiendas parciales.
Más allá de los grandes bloques legislativos, el pleno dejó una larga ristra de debates sectoriales que dibujaron las prioridades y las líneas rojas de cada grupo. La Cámara rechazó la moción de Vox para implantar el Bachillerato concertado al no recabar el apoyo de ningún otro partido, mientras que sí dio luz verde a una iniciativa del PSOE para avanzar en la implantación de la especialidad de enfermería pediátrica, respaldada por todos los grupos salvo el PRC, que optó por la abstención. También salió adelante la moción regionalista para regular la situación de las autocaravanas, pese al voto en contra del PP, en contraste con la propuesta del propio PRC sobre la gestión de los permisos de caza, que no prosperó al quedarse únicamente con el apoyo del PSOE y el rechazo de populares y Vox. En materia medioambiental, la iniciativa socialista con medidas de prevención de incendios forestales se quedó a las puertas: contó con el respaldo del PRC y la abstención de Vox, pero fue tumbada por los votos en contra del PP y del diputado no adscrito. En el terreno laboral, el pleno sí cerró filas y aprobó por unanimidad una proposición del PRC de apoyo a los trabajadores del comercio textil, en un gesto de respaldo político a un sector especialmente tensionado por la competencia en línea y los cambios en los hábitos de consumo.
La jornada se completó con un intenso control al Gobierno y una batería de preguntas muy pegadas al territorio. El PSOE interpeló al Ejecutivo sobre vivienda y protección de familias vulnerables, mientras que el PRC centró otra interpelación en el impacto que puede tener el acuerdo de Mercosur en el sector primario cántabro. Como cada primer pleno de mes, la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, respondió a las cuestiones de la oposición: Vox puso el foco en la sanidad, los socialistas en la situación económica y los regionalistas en las consecuencias de la tasa de residuos. En el turno de preguntas a los consejeros, Vox se interesó por la traída de aguas de Carcabal, en San Roque de Riomiera, por las condiciones del edificio del IDIVAL y por el proyecto Altamira; el PRC preguntó por la nueva fábrica de hielo de San Vicente de la Barquera, el calendario escolar y el programa ESPADE, que permite compatibilizar estudios y entrenamientos deportivos; y el PSOE reclamó explicaciones sobre la carretera de circunvalación de Potes, evidenciando que, junto a los grandes debates normativos, el día a día del Parlamento sigue muy condicionado por las demandas concretas de municipios y sectores.
