El Pleno del Parlamento de Cantabria celebrado este lunes se convirtió en un termómetro de la situación regional, con una agenda amplia que abarcó caza, sanidad pública, gestión de espacios naturales, autocaravanas, escenarios rurales, infraestructuras y políticas de empleo. La sesión se desarrolló en un tono de debate técnico y político concertado, con una rotura de bloques tradicionales en algunos temas, como la propuesta de modificación de la Ley de Caza, aprobada por unanimidad tras días de tanteos y negociaciones entre grupos. Esa unanimidad marcó el tono de una jornada en la que, a pesar de las diferencias partidistas, se priorizó la búsqueda de soluciones prácticas a problemas de gestión cotidiana.
El primer gran bloque de la sesión fue el conjunto de reformas relativas a la Ley de Caza. El Grupo Popular planteó una modificación de la norma autonómica para simplificar y agilizar la renovación de los cotos cinegéticos, introduciendo un “procedimiento simplificado” que permite prorrogas de diez años cuando no se modifican ni la titularidad ni la superficie de los cotos. La idea es reducir la carga administrativa para propietarios y gestores, acortar plazos de tramitación y ganar previsibilidad en el sector cinegético, que tiene un peso relevante en áreas rurales y en la economía de la comunidad. Para evitar abusos, la reforma mantiene controles estrictos: se obliga a publicar la apertura del trámite en el Boletín Oficial de Cantabria y en los ayuntamientos correspondientes, se exige un periodo mínimo de 30 días de información pública y de audiencia a los propietarios afectados, y se respalda expresamente el derecho de cualquier titular de parcelas incluidas en un coto a solicitar su exclusión durante la vigencia del mismo.
En paralelo, la Cámara corrigió uno de los límites que se habían generado en la Reserva Regional de Caza de Saja, donde estaba prohibido que los agentes del medio forestal que son cazadores pudieran ejercer la caza en la comarca donde desarrollan su actividad profesional. La nueva redacción elimina ese obstáculo, interpretado por muchos como una barrera injusta para empleados públicos que residen y trabajan en el propio territorio, y a la vez se mantiene un marco de control sobre la caza mayor, con límites en el número de participantes por cuadrilla y en la utilización de perros. Todo ello se enmarca en una política más amplia del Gobierno regional, que ya había anunciado la eliminación de tasas de licencias de caza y pesca durante cinco años, con la intención de reducir costes para aficionados y favorecer la actividad en el medio rural. Esa medida beneficia a decenas de miles de licencias activas en Cantabria y refuerza la sensación de que el Ejecutivo está intentando desburocratizar y incentivar el uso controlado del territorio.
En el ámbito de la sanidad pública, el Pleno se centró en un doble eje: la situación de las listas de espera y la expansión de la cartera de servicios de atención bucodental. La Mesa de la Cámara admitió para su debate una moción socialista sobre listas de espera, en un contexto de tensión territorial por la distribución de recursos y la saturación de algunos centros de salud y hospitales. Durante el turno de intervenciones, el consejero de Salud, César Pascual, se comprometió ante la Cámara con un refuerzo progresivo de la atención bucodental en los próximos tres años, calculando que Cantabria pasará de unos 10.000 usuarios actuales a unos 30.000 en 2029, lo que supone casi triplicar el número de personas beneficiadas. El consejero explicó que se van a ampliar los servicios cubiertos, sobre todo en grupos de riesgo: niños, embarazadas, personas con discapacidad y otras situaciones de vulnerabilidad, alineándose así con el Plan Nacional de Salud Bucodental impulsado por el Ministerio de Sanidad.
La mejora se articula a través de la ampliación de la cartera asistencial y la incorporación de más profesionales, con el objetivo de cortar caminos de derivación hacia la privada y reforzar la capilaridad del Sistema Sanitario de la comunidad. Todo ello se enmarca en un proceso previo de inversión estatal: el Gobierno de España destinó a Cantabria más de 800.000 euros en 2023 para impulsar el desarrollo del Plan de Salud Bucodental, unos fondos que se han utilizado para dotar de equipos y sistemas de información a los centros de salud bucodental y para poner en marcha redes de atención especializadas. Los grupos de la oposición acogieron la promesa con cautela, pidiendo fechas concretas, calendarios detallados de implantación por comarcas y mecanismos de seguimiento transparente para evitar que la medida se quede en un anuncio sin ejecución efectiva en el terreno.
Otro de los momentos estrella del Pleno fue la propuesta unánime sobre el Parque Natural de Oyambre. La Cámara se unió alrededor de una proposición no de ley presentada por Vox que insta al Gobierno autonómico a redactar un plan rector para controlar, de forma ordenada y responsable, el uso y el aparcamiento en el litoral y el entorno de Oyambre. El texto se aprobó sin votos en contra, con el apoyo de PP, PSOE, PRC y Vox, lo que refleja un consenso trascendental sobre la necesidad de poner freno a la presión turística y a la situación caótica que se vive en fines de semana y temporadas altas, cuando el acceso a determinadas zonas se paraliza por la acumulación de vehículos y la falta de control.
El plan rector que se reclama tendría que definir plazas de aparcamiento, horarios de entrada y salida, itinerarios preferentes para residentes, y medidas de control de accesos, posiblemente con sistemas de reservas o de señalización digital. También se pide que el plan tenga un fuerte componente medioambiental, con el fin de limitar el impacto sobre la flora, la fauna y los ecosistemas litorales, y que se articule en colaboración con los ayuntamientos afectados, las entidades de conservación y los colectivos de vecinos. El objetivo último es garantizar que Oyambre siga siendo un referente de naturaleza y senderismo, pero con un modelo de gestión que evite la saturación y proteja la calidad de vida de las poblaciones cercanas.
En el apartado de questioned‑for‑control al Gobierno, el Pleno se volcó en temas de proximidad. El PSOE centró su intervención en la escuela rural, denunciando la falta de continuidad en algunos proyectos educativos y la vulnerabilidad de centros pequeños que luchan por mantenerse abiertos. También recordó al Ejecutivo regional la necesidad de avanzar en la construcción del cine teatro de Castro‑Urdiales, un equipamiento cultural reclamado desde hace años por el municipio y que ha quedado pendiente en distintas legislaturas. El PRC, por su parte, llevó al debate problemas de enorme calado local: la situación de la cantera de Laherrán, en el Campo de San Pedro, donde se acumulan problemas de restauración y de impacto ambiental; y la ausencia de un pediatra en el consultorio de Rubayo, en el municipio de Villarreal de Trucíos, que deja a las familias sin un médico de referencia para cuidados infantiles básicos.
Vox intervino con cuestiones de movilidad y seguridad vial: preguntó por el estado del Centro de Atención al Viajero (CAD) de Laredo, cuya infraestructura y servicios han sido criticados por operadores del sector turístico, y por la situación de la carretera CA‑260 entre Liérganes y San Roque de Riomiera, especialmente en lo relativo a la limpieza de cunetas y al mantenimiento del firme, que ha generado accidentes y molestias para conductores. Los grupos coincidieron en señalar que la Administración regional debe priorizar la conservación de las vías secundarias, vitales para el transporte rural y para la vida diaria de muchos municipios pequeños.
En el ámbito de las autopistas y las autocaravanas, el PRC interpeló al Gobierno sobre la aplicación de la normativa que regula la estancia de autocaravanas en determinados tramos de la Red de Autovías y Carreteras de Cantabria. La intervención se enmarca en años de intentos de crear un marco claro: se ha hablado de zonas de estacionamiento específico, de horarios de permanencia y de la coordinación con los ayuntamientos y con el sector turístico para que la regulación no castigue a visitantes, sino que organice de forma ordenada una actividad que crece en Cantabria. El PRC reclamó que el Ejecutivo concrete fechas, identifique espacios concretos y desarrolle un plan público que permita la presencia de autocaravanas sin comprometer la seguridad vial ni la imagen de los entornos.
En paralelo, Vox presentó una moción sobre la protección de la salud laboral, que busca reforzar los controles a la exposición de trabajadores a riesgos profesionales sin que ello suponga una merma en la competitividad de las empresas. El texto plantea mejorar la vigilancia por parte de los servicios de prevención, ampliar la formación en riesgos específicos y reforzar la colaboración entre patronal, sindicatos y Administración, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral y proteger la capacidad de los trabajadores en el futuro.
En conjunto, el Pleno del 18 de mayo dejó la imagen de una Cámara que, más allá de las diferencias ideológicas, se mantiene atenta a la gestión cotidiana: la agilización de la caza, el refuerzo de la odontología pública, la ordenación de Oyambre, la supervisión de las listas de espera, la defensa de la escuela rural, la urgencia en infraestructuras y la regulación de autocaravanas. El debate se movió entre el anuncio de cambios normativos, la reclamación de hechos concretos sobre el terreno y la necesidad de planes plurianuales con calendarios claros, dejando sobre la mesa la exigencia de que el Gobierno regional traduzca esas decisiones en medidas visibles para la ciudadanía en los próximos meses.
