El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, en sesión plenaria, una serie de iniciativas relevantes, destacando el rechazo unánime al expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Nestlé en su planta de La Penilla de Cayón, así como avances en la implantación del examen para cazadores y la defensa de las cotizaciones mínimas para autónomos societarios. Estas decisiones reflejan un amplio consenso en materias de empleo industrial y desarrollo rural, en tanto que otras propuestas han generado posiciones divergentes.
Rechazo unánime al ERE de Nestlé en La Penilla de Cayón
Los cuatro grupos parlamentarios –Partido Popular, Partido Regionalista de Cantabria, Partido Socialista Obrero Español y Vox–, junto con el diputado no adscrito Cristóbal Palacio, han aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por el PRC en apoyo a los aproximadamente 800 trabajadores de la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón. La iniciativa insta a la retirada del ERE, que contempla la supresión de 49 empleos en Cantabria y 301 en el conjunto de España.
La planta, que cuenta con 120 años de historia como la más antigua de Nestlé en España, representa un pilar fundamental para la comarca pasiega, contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico y social de la región durante más de un siglo. Ana Obregón, portavoz del PRC y concejala en Santa María de Cayón, ha argumentado que resulta contradictorio que una empresa receptora de fondos públicos para modernización de instalaciones plantee despidos en un centro productivo rentable. Ha instado al Gobierno de Cantabria y al Gobierno central a emplear todos los instrumentos disponibles, incluyendo la revisión de subvenciones condicionadas al mantenimiento del empleo.
Los datos económicos de Nestlé respaldan la posición parlamentaria: la compañía registró en el último ejercicio una facturación global de 97.000 millones de euros y beneficios netos superiores a 9.800 millones de euros. En la planta de La Penilla se han realizado 10.000 horas extras y se han formalizado 25 nuevos contratos indefinidos en reciente período, lo que evidencia su viabilidad operativa. Cándido Cobo, del PP y alcalde de Selaya, ha calificado el ERE como un error estratégico que podría comprometer la estabilidad social y la confianza del tejido empresarial en la región. Ana Belén Álvarez, del PSOE, ha criticado la respuesta insuficiente del Ejecutivo regional y ha propuesto trasladar la posición institucional directamente a las instalaciones de la empresa. Vox ha reclamado una auditoría exhaustiva de las ayudas públicas otorgadas a la multinacional.
La proposición aprobada encomienda al Gobierno de Cantabria la coordinación de una respuesta institucional con el Estado, los sindicatos –presentes en el pleno– y las administraciones locales, con el objetivo de impedir la ejecución del ERE.
Implantación del examen del cazador y adhesión al convenio LICICAZ
En el turno de control al Gobierno, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha anunciado la implantación del examen para cazadores en Cantabria y la adhesión al convenio LICICAZ del Ministerio de Agricultura. Este acuerdo facilitará la validez interautonómica de las licencias de caza y pesca continental.
La decisión se basa en el acuerdo adoptado por el Consejo Regional de Caza el 26 de marzo, tras un proceso de diálogo con el sector cinegético, que inicialmente manifestaba reservas ante la prueba por considerarla una carga adicional para una población rural con amplia experiencia en la normativa autonómica, una de las más rigurosas del país. No obstante, el consenso se ha alcanzado mediante un procedimiento participativo, con el respaldo de la Federación Cántabra de Caza. La consejera ha enfatizado que el examen se diseñará de forma proporcional a la realidad local, respetando las competencias autonómicas y promoviendo la cooperación interterritorial.
Defensa de la base de cotización de 1.000 euros para autónomos societarios
Con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención del PSOE, el Pleno ha aprobado una iniciativa que urge al Gobierno regional a requerir al Gobierno central la anulación del incremento de la base mínima de cotización para autónomos societarios y colaboradores, fijada en 1.424 euros –un 42% más que los 1.000 euros previos–.
Alejandro Liz, del PP, ha denunciado el aumento como un incremento fiscal que eleva la cuota mensual de 300 a 435 euros, sumando 1.620 euros anuales por profesional, y desvirtúa el sistema de cotización por ingresos reales introducido en la reforma de 2023. Javier López Estrada, del PRC, ha calificado de injustificable que los colaboradores coticen por encima de los titulares en idéntica actividad. Natividad Pérez, de Vox, ha considerado la medida como una presión excesiva sobre este colectivo. El PSOE ha defendido el ajuste como mecanismo para fortalecer la protección social, proponiendo ajustes en la progresividad futura.
Rechazo a la propuesta de prioridad nacional de Vox
La proposición de Vox para establecer prioridad a españoles en ayudas públicas, vivienda y empleo –basada en arraigo, cotizaciones y cargas familiares, con exclusión de personas con antecedentes penales– ha sido rechazada con los únicos votos de sus tres diputados. Leticia Díaz ha defendido la medida como un criterio de justicia para quienes sostienen el sistema de bienestar.
PP, PRC, PSOE y el diputado Palacio han votado en contra. Iñigo Fernández, del PP, ha abogado por criterios de arraigo efectivo y ha advertido sobre posibles inconstitucionalidades. El PRC ha refutado la saturación atribuida a inmigrantes, destacando su contribución al empleo con un 70% de incremento en cotizaciones. El PSOE ha subrayado que 20.200 extranjeros cotizan en Cantabria.
La sesión ha abordado asimismo otros temas como listas de espera sanitarias y modernización agraria, consolidando el foco en empleo, ruralidad y fiscalidad autonómica.
