El Gobierno de Cantabria ha dado un paso adelantado en la tramitación de su futura Ley de Lucha contra el Despoblamiento y frente al reto demográfico, al someter el anteproyecto a información pública. Se trata de una de las piezas centrales del nuevo marco normativo regional contra la despoblación, pensada para funcionar como un eje conductor que impregne todas las políticas públicas, desde la sanidad o la educación hasta la vivienda, la fiscalidad o el empleo. La norma se articula en 66 artículos distribuidos en cuatro grandes títulos, a los que se suma un preámbulo y un bloque de disposiciones adicionales, en un texto que el Ejecutivo califica de “ambicioso, real y adaptado a las necesidades de Cantabria”.
El anteproyecto se ha construido sobre un trabajo previo iniciado por el anterior Gobierno PRC‑PSOE, que había redactado ya un borrador de ley específica contra el despoblamiento pero que no llegó a tramitarla. El actual Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga ha retomado ese punto de partida, lo ha reforzado y lo ha completado con nuevas medidas, aportaciones de todas las consejerías y sugerencias de municipios y de la Universidad de Cantabria. Tras pasar por la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Lucha contra el Despoblamiento, que dio su visto bueno al borrador, el Gobierno ha abierto ahora el trámite de audiencia e información pública, que se prolongará durante el mes de mayo, para incorporar también las opiniones de la ciudadanía, entidades locales y agentes sociales.
La estructura del texto se organiza en dos grandes bloques. El primero es de carácter general: define el objeto, el ámbito de aplicación y las finalidades de la ley, establece el marco de acción, organización y planificación de la Administración autonómica y fija obligaciones para incorporar la “perspectiva demográfica” en la elaboración de normas, en el diseño de políticas públicas y en la evaluación de su impacto. El segundo eje agrupa el conjunto de medidas específicas dirigidas a los 41 municipios que el Gobierno considera en riesgo de despoblamiento, con un enfoque mucho más concreto y orientado a la ejecución práctica.
Dentro de ese segundo bloque, la futura ley prevé un paquete de incentivos fiscales y deducciones en el conjunto de esos municipios, pensados para reducir la carga tributaria y facilitar tanto la fijación como la llegada de nuevas personas y actividades económicas. También contempla medidas de “discriminación positiva” en el acceso a subvenciones, en la contratación pública y en la carrera profesional de empleados públicos, con el objetivo de impulsar la cobertura de puestos de trabajo de difícil provisión en el medio rural y de reforzar la oferta de servicios públicos en zonas con menor densidad de población.
En el plano de los servicios básicos, el anteproyecto incluye iniciativas en sanidad, educación, inclusión social y lucha contra la soledad no deseada, así como actuaciones en turismo, cultura, seguridad y en la superación de la brecha digital. La idea subyacente es que la lucha contra el despoblamiento no puede reducirse solo a ayudas puntuales, sino que debe pasar por garantizar que las personas que viven o puedan llegar a vivir en el medio rural tengan acceso a una red de servicios digna, conexión digital adecuada y oportunidades de empleo y de ocio.
Desde el punto de vista organizativo, la norma establece que debe existir una consejería competente en materia de despoblamiento, que será la encargada de coordinar las acciones de las demás consejerías, así como la actuación del propio Consejo Asesor y la de las entidades locales. El texto deja claro que la responsabilidad no recae solo en una única área, sino que se trata de una política transversal que implicará a la Administración autonómica y a los ayuntamientos, con un marco de colaboración que facilita la articulación de planes de actuación conjuntos, la movilización de recursos y la evaluación periódica de los resultados.
El anteproyecto también incorpora el deber general de todas las administraciones públicas de integrar la perspectiva demográfica en su acción de gobierno, en su producción normativa y en la concepción, ejecución y evaluación de las políticas públicas, de modo que la despoblación y la cohesión territorial dejen de ser un “detalle” y se conviertan en variable estructural en las decisiones de planificación. El objetivo último que se plantea la ley es “promover la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos y libertades de las personas que viven en esos 41 municipios, aumentar la población, frenar los procesos de despoblamiento y no solo atraer nuevos habitantes, sino también lograr que permanezcan quienes ya viven en el medio rural”.
Tras la fase de información pública, que permite presentar alegaciones y propuestas por parte de municipios, sindicatos, asociaciones vecinales, empresas y ciudadanos, el texto volverá al Gobierno para incorporar las aportaciones consideradas oportunas. Una vez revisado el borrador, seguirá su tramitación interna hasta su aprobación por el Consejo de Gobierno y, posteriormente, su remisión al Parlamento de Cantabria como proyecto de ley. Si el texto final sale adelante, se convertirá en uno de los instrumentos jurídicos más completos que la comunidad autónoma ha impulsado en los últimos años para abordar de forma estructural el reto demográfico, con implicaciones directas en el reparto territorial de la población, la configuración de sus servicios públicos y el modelo de desarrollo rural de la región.
