El Consejo de Gobierno de Cantabria ha validado un paquete inicial conformado por 34 medidas específicas, con una dotación económica que supera los 48 millones de euros, orientadas a atenuar las repercusiones de la crisis desatada por el conflicto en Oriente Medio, particularmente en torno a Irán. Esta iniciativa, impulsada por los consejeros de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, e Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, no genera nuevas consignaciones presupuestarias, sino que reordena fondos ya disponibles para maximizar su impacto en un escenario de volatilidad internacional. El plan se estructura en ocho ejes estratégicos —vigilancia y coordinación, liquidez y financiación, exportaciones, costes energéticos, comercio, protección social, transporte y vivienda— y se presenta como un instrumento flexible, abierto a revisiones periódicas conforme evolucione la situación geopolítica.
Esta respuesta autonómica complementa el Real Decreto Ley 7/2026, de 20 de marzo, del Gobierno central, que establece bonificaciones fiscales hasta el 30 de junio y por el que Cantabria estima renunciar a unos 22 millones de euros en recaudación. Los portavoces regionales han enfatizado que las acciones surgen de un proceso de consulta con agentes económicos y sociales, priorizando la salvaguarda de familias, pymes, autónomos y sectores exportadores expuestos a las disrupciones en rutas comerciales y al alza de costes derivados del conflicto. Se ha constituido de inmediato un Comité de Coordinación para el Seguimiento de Impactos, que facilitará el intercambio de datos sectoriales y la identificación de prioridades urgentes.
En el eje de liquidez y financiación, que concentra la mayor partida con 22,5 millones de euros, SODERCAN activará préstamos por 4 millones destinados a inversiones afectadas directamente por la crisis, junto a 3 millones a través de la línea ICAF INVIERTE para proyectos de capital fijo y 1 millón en la línea LIQUIDEZ para necesidades corrientes inmediatas. Se habilitarán además avales comerciales hasta el 80% del importe por 3 millones de euros, protocolos de colaboración con IBERAVAL por 1,5 millones y una línea específica de avales contra el incremento de costes energéticos por 10 millones, todo ello con el objetivo de inyectar solvencia en un momento de tensiones financieras.
Para estimular las exportaciones y la promoción exterior, se movilizan 2 millones de euros mediante la modificación del decreto de SODERCAN para 2026, incrementando la intensidad de las subvenciones del 70% al 85% en el caso de empresas cuya facturación internacional supere el 50%, reconociendo la vulnerabilidad de este segmento ante posibles interrupciones en el comercio global. En paralelo, el eje de reducción de costes energéticos asigna 7 millones a ayudas directas para mejorar la eficiencia en sectores intensivos en energía y generadores de empleo significativo, complementados con 1,3 millones para el programa ‘Ahorro Comercio Cantabria’, dirigido al pequeño y mediano comercio minorista que enfrenta márgenes comprimidos por el encarecimiento de suministros.
El apoyo al comercio recibe atención específica mediante medidas que refuerzan la resiliencia de este tejido productivo, clave en la economía regional. En protección social, se duplican fondos existentes con 1 millón de euros adicionales para colectivos vulnerables, ampliando coberturas ante la presión inflacionaria. El transporte público se ve potenciado con 2 millones que elevan los descuentos al 70% para jóvenes entre 15 y 30 años y al 40% para usuarios frecuentes, incentivando su utilización frente al alza de carburantes y reduciendo la dependencia del vehículo privado.
En el ámbito del transporte, 4 millones compensan los déficits operativos de los concesionarios de líneas interurbanas, asegurando la continuidad del servicio público, mientras que 12,3 millones refuerzan las ayudas al alquiler habitacional —incluyendo el régimen convencional, apoyo a familias en situación vulnerable y el bono alquiler joven—, liberando renta disponible en los hogares más afectados. Se destinan además 668.000 euros a la ampliación de programas de atención a la infancia y prevención de la exclusión social, 4,7 millones para afrontar el incremento de costes en contratos de catering social y 23,2 millones para cubrir los gastos derivados del transporte escolar, garantizando así la equidad en el acceso educativo.
Los consejeros han criticado la insuficiencia de las actuaciones estatales en materia de fiscalidad energética y bonificaciones a combustibles, reivindicando una mayor coordinación interadministrativa y simplificaciones administrativas como la flexibilidad en el cumplimiento de tasas y plazos. Este paquete inicial posiciona a Cantabria como referente en la gestión proactiva de crisis exógenas, con el Comité de Coordinación ya en marcha para monitorear resultados y ajustar intervenciones, todo ello en defensa del crecimiento económico y la cohesión social regional.
