La jueza que investiga el colapso de la pasarela de El Bocal ha aplazado la declaración del ingeniero que firmó el subproyecto de la estructura, que estaba prevista para este viernes, y la ha fijado finalmente para el 15 de mayo. La magistrada mantiene, por ahora, que comparezca como testigo-perito y no como investigado, al considerar que su firma afectaba a un subproyecto integrado en la obra principal y no a toda la pasarela.
La instructora de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado una nueva jornada de declaraciones en el marco de las diligencias abiertas por el derrumbe de la pasarela de la playa del Bocal el pasado 3 de marzo, que se saldó con seis fallecidos y una herida grave. La sesión se desarrollará hoy a puerta cerrada en el complejo judicial de Las Salesas y contempla la comparecencia de trece personas en calidad de testigos.
Las citaciones comienzan a las 09:30 horas con dos ciudadanos habituales de la zona que conocían la estructura afectada. A continuación, a las 09:45 horas, declarará la jefa de obra responsable del mantenimiento realizado en la pasarela durante 2024.
A partir de las 10:00 horas están previstas las comparecencias de tres operarios que intervinieron directamente en esas obras de conservación de la pasarela en 2024, citados a las 10:30, 10:45 y 11:00 horas respectivamente. Posteriormente, a las 11:15 horas, prestará declaración el ingeniero que firmó el proyecto original de la pasarela, en calidad de testigo-perito, una petición que el Ayuntamiento de Santander solicitó inicialmente como investigado pero que fue rechazada por la jueza.
La mañana continuará con las declaraciones del personal del 112, convocados a las 11:45, 12:00 y 12:15 horas. Este colectivo ya ha comparecido en sesiones anteriores, en las que se abordó el aviso recibido el día previo al siniestro por un vecino que alertaba del mal estado de la estructura.
Entre las 12:30 y las 13:00 horas declararán tres miembros del personal de la Policía Local de Santander. La jueza ha requerido previamente al Ayuntamiento información sobre si existe un protocolo para actuar ante avisos derivados del 112 sobre infraestructuras como la pasarela y si se ha iniciado expediente sancionador a alguna agente implicada.
El siniestro de la pasarela, que unía dos puntos de la senda costera del litoral norte de Santander, se produjo cuando un grupo de siete jóvenes de entre 19 y 22 años transitaba por ella, provocando la caída al mar. Las inspecciones iniciales de la Policía Científica revelaron un alto grado de oxidación en soportes y tornillería, lo que apunta a problemas de mantenimiento.
La investigación judicial, a cargo de la jueza Rosa Martínez, ya ha dirigido acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria, al considerar que la responsabilidad de conservación recaía en la Administración central. Además, se han solicitado informes periciales sobre los materiales empleados en la estructura y su cumplimiento normativo.
Esta nueva tanda de declaraciones forma parte de las pesquisas para esclarecer las causas del colapso y las posibles responsabilidades en el diseño, ejecución y mantenimiento de la pasarela, construida en 2014. Las partes personadas han tenido oportunidad de presentar sus propios informes periciales en plazos previos.
El jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, investigado por la jueza instructora del caso Bocal por seis posibles delitos de homicidio imprudente grave y uno de lesiones por imprudencia, ha defendido su gestión y ha responsabilizado a la empresa Dragados del diseño y la ejecución de la pasarela siniestrada. En su comparecencia, según ha publicado El Diario Montañes, Osorio ha insistido en que su rol se limitó a la supervisión como director de obras del proyecto de la senda costera de 2014, y ha negado cualquier negligencia en el mantenimiento posterior, al que atribuye competencias exclusivas a la Administración central.
Osorio ha detallado que las reparaciones de 2024 se centraron en la sustitución de elementos de madera, sin intervenir en la estructura metálica donde se produjo el fallo por corrosión avanzada, según los informes periciales incorporados a la causa. Ha rechazado cualquier responsabilidad personal y ha solicitado a la jueza que se dirija la acción penal contra el ingeniero que firmó el proyecto y contra Dragados, argumentando que los herrajes defectuosos fueron el origen del colapso.
Por su parte, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha exigido la dimisión inmediata de Osorio, al considerar que, como uno de los tres funcionarios de Costas imputados, debe asumir las responsabilidades políticas derivadas del siniestro que causó seis muertes y una herida grave. Quiñones ha recordado que el PSOE ha mantenido desde el inicio la necesidad de depurar todas las responsabilidades técnicas y políticas, y ha apuntado que la decisión de cese corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.
Quiñones ha criticado también la actuación del Ayuntamiento de Santander, dirigido por el PP, por no haber vigilado adecuadamente la senda costera que encargó, y ha destacado que la investigación judicial está revelando datos nuevos que obligan a una respuesta contundente. El líder socialista y delegado del Gobierno, Pedro Casares, ya había insinuado esta postura el día anterior, subrayando la importancia de preservar el prestigio de las instituciones públicas.
