La Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias en calidad de investigadas a doce personas —once de ellas presentes en el lugar de los hechos y una más como presunto cooperador necesario— por su supuesta implicación en un delito de maltrato animal que se saldó con la muerte de siete ovejas en una finca del término municipal de Marina de Cudeyo.
La actuación se inició tras recibir un aviso que alertaba de la posible muerte de varios animales en dicha ubicación. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), junto con efectivos de Seguridad Ciudadana y de la Policía Local, que comprobaron la presencia de siete ovejas muertas, así como restos de sangre en la zona. En el punto también se encontraban las once personas ahora investigadas, sobre las que se recabaron distintos indicios que apuntan a su participación en los hechos.
Las primeras averiguaciones permitieron determinar que los animales habían sido adquiridos previamente a un tercero, quien, según manifestaciones recogidas, habría autorizado su sacrificio en esa misma finca. No obstante, las ovejas carecían de la identificación obligatoria mediante crotal y tampoco constaban los trámites administrativos exigidos para este tipo de operaciones de compraventa de ganado.
Durante la inspección, los agentes constataron además la ausencia de medios destinados al aturdimiento previo de los animales, procedimiento obligatorio para minimizar su sufrimiento antes del sacrificio. A partir de los indicios observados en el lugar, los investigadores consideran que los animales pudieron ser sacrificados sin estas garantías, lo que habría generado un padecimiento innecesario.
A ello se suma la inexistencia de control sanitario sobre los animales, que no estaban identificados ni contaban con seguimiento veterinario acreditado, lo que impide conocer su estado de salud y supone un riesgo potencial desde el punto de vista de la sanidad pública. Asimismo, el sacrificio se llevó a cabo directamente sobre el terreno, sin condiciones higiénicas adecuadas ni en un espacio autorizado para ello.
La normativa vigente en materia de sacrificio de animales destinados al consumo humano establece la obligación de garantizar la trazabilidad del ganado, así como el cumplimiento de las condiciones de bienestar animal, incluyendo el uso de técnicas de aturdimiento previas que eviten sufrimiento. También exige que estos procesos se realicen en instalaciones habilitadas y bajo control sanitario.
Por estos hechos, el SEPRONA ha abierto diligencias contra los implicados por un presunto delito de maltrato animal y prevé la remisión de distintas denuncias relacionadas con las irregularidades detectadas en materia sanitaria.
De forma paralela, los agentes han investigado al vendedor de las ovejas por un segundo supuesto delito de maltrato animal, tras detectar deficiencias en la atención prestada a otro ejemplar. En concreto, se trata de una oveja gestante localizada en mal estado, a la que no se habría facilitado asistencia veterinaria adecuada.
Según las pesquisas, el animal habría recibido medicación sin diagnóstico previo ni prescripción facultativa, lo que pudo agravar su situación clínica. Finalmente, tras ser examinado por un veterinario oficial, se confirmó la gravedad de su estado debido a una enfermedad avanzada, por lo que se procedió a practicarle la eutanasia humanitaria con el fin de evitarle un sufrimiento mayor e irreversible.
