El Ejecutivo autonómico de Cantabria ha expresado su preocupación por las «muy graves irregularidades» identificadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de contrataciones de la Consejería de Cultura durante 2022, período en el que Pablo Zuloaga —actual diputado del PSOE y exvicepresidente— ostentaba la responsabilidad del departamento, y valorará la posibilidad de trasladar el expediente a la Fiscalía para su investigación penal. El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha calificado el dictamen fiscalizador como un «tirón de orejas» a la actuación del exconsejero socialista, confirmando que el Gobierno someterá el informe a estudio detallado por parte de sus servicios jurídicos antes de decidir sobre acciones judiciales.
Agüeros, en declaraciones a los medios este jueves, ha precisado haber realizado una lectura preliminar de la información difundida en prensa, subrayando la necesidad de acceder al texto íntegro del informe, que se limita a funciones de fiscalización y no prejuzga responsabilidades penales. No obstante, ha insistido en que cualquier ciudadano puede promover denuncias particulares ante la Justicia, independientemente de la iniciativa administrativa. El Tribunal de Cuentas ya había alertado hace un mes sobre un «uso excesivo» de contratos menores en Cultura aquel año, lo que podía comprometer los principios de publicidad y concurrencia competitiva, y ahora se han revelado anomalías en el ámbito de las contrataciones mayores —las de mayor cuantía y relevancia económica—.
Estas contrataciones afectan a infraestructuras culturales emblemáticas de la región, tales como el centro La Lechera en Torrelavega, el Museo Marítimo del Cantábrico, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y el Palacio de Festivales Jaime del Amo en Suances, instalaciones que manejan presupuestos millonarios procedentes de fondos públicos. El informe pone de manifiesto una «carencia total de programación en la contratación», así como la ausencia sistemática de documentación esencial, incluyendo declaraciones de urgencia, justificantes para modificaciones contractuales y, de forma particularmente reprobable, la toma de decisiones adjudicadoras sin la cobertura presupuestaria correspondiente.
Agüeros ha calificado como «lo más grave» este último extremo, interpretándolo como proceder «sin tener dinero disponible pero avanzando de todos modos», lo que implica un desvío de fondos estimado en alrededor de 700.000 euros, sin que ello signifique necesariamente enriquecimiento personal o desvío a bolsillos privados, sino elusión deliberada de los mecanismos de control y fiscalización habituales en la gestión pública. El consejero ha aludido a tentaciones políticas de optar por «el camino del medio» para acelerar inauguraciones electorales, recordando que los cántabros merecen una administración rigurosa y transparente.
En respuesta, la portavoz socialista en el Parlamento regional, Ainoa Quiñones, ha eludido una valoración exhaustiva al basarse únicamente en filtraciones mediáticas, despachando el asunto como «tiempo pasado» sin abordar las posibles derivaciones judiciales o administrativas. Desde el actual Gobierno, se ha implementado ya en la Sociedad Regional de Cultura todos los correctivos recomendados por el Tribunal de Cuentas, reforzando protocolos para garantizar el cumplimiento normativo en futuros procesos licitatorios.
Este caso se inserta en un panorama de mayor vigilancia sobre la contratación pública en Cantabria, donde el Tribunal de Cuentas ejerce su independencia para salvaguardar el empleo correcto de los recursos de los contribuyentes. La decisión final sobre la remisión a Fiscalía recaerá en el análisis jurídico en curso, que evaluará si los hechos configuran indicios de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos u otros ilícitos tipificados en el Código Penal relacionados con la responsabilidad de los cargos públicos.
