El Gobierno de Cantabria ha manifestado en Bruselas su oposición rotunda a la propuesta de reglamento para la ejecución de la Política Agraria Común (PAC) en el periodo 2028-2034, al estimar que implica una reducción del 22 por ciento en los fondos destinados al sector primario, lo que supondría una pérdida de 72 millones de euros en ayudas para la comunidad autónoma.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia e Igualdad, Isabel Urrutia, ha intervenido en la Comisión NAT del Comité de las Regiones de la Unión Europea para expresar esta posición, calificando la iniciativa del Parlamento Europeo y del Consejo como «inadmisible e inasumible» para la región. Según las estimaciones oficiales, el recorte presupuestario afectaría directamente a los ingresos de agricultores y ganaderos cántabros, en un contexto donde la PAC representa un instrumento esencial para su renta y la soberanía alimentaria europea.
Urrutia ha criticado duramente la propuesta por centralizar la toma de decisiones en el Estado, en detrimento de la gestión autonómica, y por ignorar las particularidades territoriales de comunidades como Cantabria, donde el sector primario constituye un pilar de la economía rural. «No piensa en el territorio, centraliza las decisiones y reduce el dinero destinado al sector productivo de primera necesidad», ha subrayado la consejera, recordando las dificultades acumuladas por el sector a lo largo de los años, entre las que destaca la superregulación, la burocracia excesiva y los acuerdos comerciales que requieren salvaguardas adicionales.
Esta postura se alinea con la defensa que el Gobierno regional ha mantenido desde meses atrás, cuando ya se opusieron frontalmente al planteamiento inicial de la Comisión Europea presentado en julio de 2025. En octubre del año pasado, la entonces consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Multisectorial, María Jesús Susinos, junto a representantes de organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y federaciones de razas cárnicas, remitieron una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación exigiendo la participación de Cantabria en el diseño y gestión de la PAC.
Las previsiones indican que, mientras la PAC actual cuenta con unos 387.000 millones de euros, la nueva propuesta establece un mínimo garantizado de 300.000 millones, sin contabilizar el impacto de la inflación, lo que agrava la merma para regiones como Cantabria. El Ejecutivo regional ha constituido un frente común con el sector agrario para rechazar estos cambios, insistiendo en que comprometen la viabilidad del medio rural y vulneran principios de equidad y cohesión territorial en Europa.
La intervención de Urrutia en Bruselas se produce en el marco de un compromiso firme del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga con la defensa del primario cántabro, que genera empleo en zonas rurales y contribuye a la fijación de población. La consejera ha advertido de que la centralización propuesta supondría «todo un fracaso» para la política comunitaria, al debilitar un sector clave para la seguridad alimentaria de la Unión.
Esta oposición se suma a reivindicaciones previas, como la exigencia de un respaldo inquebrantable por parte del Gobierno central a la PAC, la pesca y los fondos de cohesión, formulada en febrero de este año. En septiembre de 2025, el Gobierno ya calificó de «inaceptable» el borrador inicial, estimando pérdidas de entre el 15 y el 22 por ciento en los fondos, equivalentes a hasta 72 millones en el periodo completo.
El rechazo cántabro refleja una posición compartida por otras comunidades autónomas y el sector agrario español, que ven en la propuesta de la Comisión un riesgo para la competitividad del primario europeo. Organizaciones como Verdes Equo Cantabria han alertado igualmente de un posible descenso del 25 por ciento en el presupuesto, calificándolo de «peligroso» para la agricultura y ganadería familiar predominante en la región.
El Gobierno regional ha reiterado su oposición a cualquier recorte que debilite a los ganaderos y agricultores, subrayando que Cantabria no aceptará una PAC que abandone los principios básicos de apoyo al territorio rural. La próxima negociación en el Consejo de Ministros de la UE se presenta como un momento decisivo para defender una financiación adecuada y una gestión descentralizada de las ayudas.
En este sentido, el Ejecutivo ha instado a las instituciones europeas a reconsiderar la propuesta y mantener el nivel de recursos actuales, priorizando la renta de los productores y la sostenibilidad del sector en regiones periféricas como Cantabria.
