Los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026, por un importe total de 3.925 millones de euros, han superado este jueves la fase de enmiendas a la totalidad en el Parlamento regional, al ser rechazadas las presentadas por PSOE y Vox.
La votación ha contado con el rechazo conjunto de PP y PRC, en aplicación del pacto presupuestario alcanzado por ambos grupos el pasado mes de marzo, que permite al Gobierno en minoría de los populares aprobar las terceras cuentas de la legislatura, tal como sucedió con las de 2024 y 2025.
A diferencia de ejercicios anteriores, estas cuentas no entraron en vigor el 1 de enero, ya que el primer proyecto presentado por el Ejecutivo en octubre fue devuelto al Gobierno tras el rechazo conjunto de PRC, PSOE y Vox.
Reabierta la tramitación tras el pacto PP-PRC, las nuevas enmiendas de PSOE y Vox han decaído sin el respaldo suficiente: la socialista obtuvo solo los votos de su grupo, frente a los 25 contrarios de PP, PRC y Vox más el diputado no adscrito Cristóbal Palacio; mientras que la de Vox contó únicamente con los dos votos de sus diputados presentes.
El calendario parlamentario prosigue ahora con el plazo para presentar enmiendas parciales hasta el próximo 15 de abril, culminando con la aprobación definitiva en Pleno el 27 de abril, lo que implicará que los PGC entren en vigor previsiblemente el 1 de mayo.
El consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, ha defendido las cuentas como un refuerzo del Estado del Bienestar, con siete de cada diez euros destinados a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, un aumento del 63% en vivienda hasta 60,2 millones, récord histórico en inversión pública y apoyo a los 102 ayuntamientos sin «sectarismo político».
Agüeros ha agradecido las aportaciones del PRC, que «enriquecen» el texto inicial, y ha valorado su «disposición al acuerdo» en la última negociación.
Por su parte, la diputada regionalista Paula Fernández ha precisado que su grupo no «regala» el voto, sino que prioriza «presupuestos negociados y mejorados» frente a la ausencia de cuentas, exigiendo medidas para jóvenes, autónomos y mundo rural, además de desbloquear compromisos y frenar aspectos controvertidos de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas.
En contra, PSOE y Vox han coincidido en criticar las cuentas por «privatizadoras» y «endeudantes». El socialista Mario Iglesias ha denunciado una reforma fiscal «regresiva» que resta más de 100 millones en ingresos, insuficiencias en personal sanitario y educativo, y la falta de respuesta a la crisis por la guerra en Oriente Medio.
Vox, por medio de Natividad Pérez, ha acusado al PP de «ceder» ante el PRC y usar fondos públicos para «limpiar pufos» de sus socios, reprochando partidas para centros de acogida en lugar de políticas migratorias más restrictivas.
El rechazo de las enmiendas también afecta al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que acompaña a los PGC y continúa su tramitación.
