La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha reiterado ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado la exigencia de que el Gobierno de España asuma plenamente su compromiso de financiar el 50% del sistema de atención a la dependencia. En su intervención, ha señalado que, de no hacerlo, el sostenimiento de la red de servicios sociales y de apoyos a personas mayores y dependientes recae de forma desproporcionada sobre las comunidades autónomas, con costa incluida.
Según ha expuesto la titular de Inclusión Social, desde 2018 el reparto de la financiación ha quedado desequilibrado, de forma que aproximadamente el 75% del coste corresponde a las administraciones autonómicas y apenas el 25% al Ejecutivo central. “Lo que hoy tenemos es un sistema que traslada la mayor parte de la financiación a las comunidades autónomas”, ha subrayado Gómez del Río, quien ha cifrado en unos 304 millones de euros la partida que el Gobierno de España debería haber aportado a Cantabria si se hubiera respetado el nivel de financiación previsto en la Ley de Dependencia.
La consejera ha recordado que el Gobierno regional ha incrementado el gasto en dependencia en casi 23,8 millones de euros desde 2023, lo que equivale a un aumento del 14,07%, mientras que la aportación estatal apenas ha crecido un 3,03%. En este contexto, ha advertido de que “si el Estado no financia, está congelando los servicios públicos” y ha insistido en que el sistema no puede desarrollarse de forma equilibrada cuando una de las administraciones no cumple su compromiso.
Gómez del Río también ha dedicado parte de su comparecencia a la situación de los profesionales que trabajan en el sistema de atención a la dependencia. Ha explicado que desde 2023 Cantabria ha revalorizado los precios públicos asociados a las retribuciones del personal en un 13,8%, al tiempo que ha señalado que los ajustes en el salario mínimo interprofesional, convenios y costes de prestación no se reflejan de forma equivalente en la financiación estatal. “Las comunidades autónomas sí estamos adaptando la financiación a los costes reales del sistema, pero el Estado no”, ha reprochado.
La responsable de Inclusión Social ha concluido insistiendo en que el Gobierno de España “cumpla con el 50% y que la financiación de la dependencia se refuerce con una aportación adicional que garantice la financiación de los salarios”. Ha reiterado que Cantabria sigue apostando por mejorar prestaciones y servicios, pero ha advertido de que la sostenibilidad del sistema requiere recuperar la idea de corresponsabilidad institucional sobre la que nació la Ley de Dependencia, “un pacto entre el Estado y las comunidades autónomas que hoy se encuentra desequilibrado y en riesgo de colapso sin un ajuste urgente de la financiación”.
