Cantabristas ha calificado de “gravísima” la cesión de acceso a los datos biomédicos de más de 50.000 cántabros inscritos en el proyecto Cohorte Cantabria a la multinacional farmacéutica estadounidense Regeneron Pharmaceuticals. La formación sostiene que esta decisión contradice las garantías ofrecidas por los responsables del propio programa, que hasta hace apenas unas semanas aseguraban públicamente que los datos “no se venden, no se trafica” y que su uso se limita a la colaboración con investigadores bajo control público.
En un comunicado difundido este miércoles, Cantabristas ha advertido de que los hechos conocidos evidencian que, en la práctica, se está permitiendo a una gran corporación privada multinacional utilizar información biomédica de la población cántabra, aunque el Gobierno y los responsables de Cohorte insisten en que el marco es de “colaboración científica” y no de venta. “Lo relevante no es el debate semántico sobre si hay o no venta, sino la realidad material: se permite a una multinacional estadounidense utilizar datos biomédicos de la población cántabra”, señalan desde la organización.
La formación considera que se ha producido un “cambio sustancial en el modelo” respecto a lo que se trasladó a la ciudadanía y a los propios voluntarios del proyecto. La confianza de decenas de miles de cántabros y cántabras que participaron en Cohorte, subrayan, se construyó sobre la idea de un proyecto público, orientado al interés general y bajo control institucional. “Cuando se afirmaba que no había comercialización ni uso indebido, difícilmente podía entenderse que esos datos acabarían en manos de una multinacional farmacéutica estadounidense”, apuntan desde el partido.
Cantabristas ha criticado asimismo que se trate de “rebajar la gravedad del asunto” amparándose en tecnicismos, y sostiene que la colaboración anunciada con Regeneron desborda el marco de cooperación científica habitual entre instituciones públicas. “No es lo mismo compartir conocimiento entre centros públicos que facilitar el acceso masivo a datos estratégicos a empresas cuyo objetivo principal es el beneficio económico”, añaden.
La formación cuestiona, además, que acuerdos de este calado se adopten sin un debate público previo ni una información detallada sobre sus condiciones, alcance y garantías de protección de datos. “Si realmente no había nada que ocultar, no se entiende por qué no se explicó con claridad desde el principio que este escenario estaba sobre la mesa”, concluyen.
