El Gobierno de Cantabria, en manos del PP, ha reafirmado su decisión de seguir recurriendo judicialmente los traslados forzosos de menores extranjeros no acompañados (MENAs) a la comunidad, al tiempo que se compromete a proteger a todos los que acaben llegando. Así lo ha dejado claro el Ejecutivo tras la última sentencia que obliga a acogerlos, defendiendo que estas imposiciones vulneran competencias autonómicas en protección de menores y el marco legal vigente.
La presidenta María José Sáenz de Buruaga y su equipo planifican la acogida «según va teniendo información», ya que los avisos del Gobierno central llegan con «muy poca antelación», lo que complica la gestión. Esta postura se mantiene pese a que los tribunales han desestimado recursos previos, como los presentados contra traslados desde Ceuta, Melilla y Canarias.
Desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, dirigida por Begoña Gómez del Río, se ha autorizado repetidamente a la Dirección General del Servicio Jurídico para interponer contencioso-administrativos contra resoluciones de delegados del Gobierno en Ceuta y Canarias. Por ejemplo, el 30 de diciembre de 2025 se recurrió la orden del delegado en Canarias Anselmo Pestana para traer a un menor.
En noviembre de 2025, se sumaron dos recursos más contra resoluciones de octubre del mismo año, elevando el total de impugnaciones a seis en expedientes concretos, más otros archivados por mayoría de edad o ya llegados. El Consejo de Gobierno aprobó estas acciones para «reafirmar el compromiso con la defensa de competencias y la correcta aplicación del marco legal».
Esta línea se alinea con el recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, que regula la distribución de MENAs desde Canarias, Ceuta y Melilla, asignando 156 a Cantabria, por posible extralimitación competencial del Estado. También se impugna el Real Decreto-ley 2/2025 y modificaciones a la Ley de Extranjería, recurridas ante el Tribunal Constitucional por invasión de autonomía financiera y competencias.
La consejera Gómez del Río ha criticado que el Gobierno de Sánchez trata a estos menores «como mercancía» en lugar de priorizar su interés superior, y que la «imposición» no es el camino adecuado. El Ejecutivo insiste en una política migratoria «responsable y solidaria», pero rechaza repartos que desbordan la capacidad de acogida, pudiendo superar hasta cinco veces los recursos disponibles.
Casos concretos ilustran la estrategia: en octubre de 2025, se recurrieron dos traslados desde Ceuta ordenados por la delegada del Gobierno sin consentimiento previo autonómico. En febrero de 2026, se presentaron medidas cautelarísimas contra la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PP), por ordenar paralizar un centro de acogida de 18 MENAs, amenazando suministros, aunque ella negó afectar la atención a los chicos.
El Gobierno ratificó el recurso contra esa resolución municipal para evitar precinto y garantizar continuidad, priorizando el bienestar de los menores sin estigmatizarlos. Pedro Casares, delegado del Gobierno (PSOE), y Sira Rego, ministra de Juventud (Sumar), criticaron la polémica política alrededor de la infancia vulnerable.
Buruaga ha defendido centros como el de Cartes como «imposición de Sánchez», subrayando que los MENAs no son nueva realidad pero los traslados forzosos sí agravan la situación. El Pleno del Parlamento debatirá estos temas junto a Memoria Histórica.
Cantabria se opone a que dos CCAA queden excluidas del reparto y exige coordinación, manteniendo recursos mientras acoge y protege a los llegados. La consejera repite: «Que me digan el delegado y alcaldesas qué quieren que haga con imposiciones legales de Sánchez».
