La normativa actual ampara el derecho de los sindicatos a contactar libremente con los trabajadores y difundir la información que estimen oportuna. No obstante, en vísperas de las huelgas de inicio de curso, la Junta de Personal Docente se topó con el bloqueo del servicio de mensajería que utilizaba para informar a profesores y profesoras sobre diversas convocatorias.
Al reclamar aclaraciones a la Consejería de Educación, esta justificó el corte alegando que estaba implantando un “tablón sindical virtual”. La medida, interpretada por los representantes sindicales como represalia por las protestas de la marea verde, limita seriamente su labor organizativa, ya que el nuevo sistema no envía notificaciones directas a la plantilla y obliga a que los usuarios accedan de forma activa a una plataforma externa.
A pesar de esta restricción impuesta por la administración de Silva, los sindicatos probaron recientemente a colgar en el tablón una imagen emblemática de su campaña por la recuperación del poder adquisitivo de los docentes. El cartel, con estética de película del Oeste, mostraba a Silva y Buruaga bajo el lema “SE BUSCA”, aludiendo con ironía al conflicto salarial que supera el año de duración y ya suma siete jornadas de huelga. En él se criticaba la “Cláusula Silva”, mecanismo que —como admitió el propio Gobierno— buscaba ligar la actualización de sueldos docentes a la aprobación de presupuestos, convirtiendo al colectivo en rehén político.
Sorpresa mayúscula dos días después: la publicación había desaparecido del tablón, registrada en el historial como borrada por la Administración. Este episodio, que los servicios jurídicos del STEC ya analizan —junto al bloqueo inicial del mensajero—, se suma a una ristra de maniobras que el sindicato califica de autoritarias. Entre ellas, intentos de impedir que los claustros debatieran sobre salarios y horarios, requerimientos para desalojar por la fuerza la sede de Peñaherbosa, vetos a llevar comida y ropa durante encierros, una circular policial contra la extensión de protestas a centros educativos, obstáculos para colgar felicitaciones navideñas o registrar peticiones de reunión con Buruaga, y hasta advertencias erróneas sobre plazos de huelgas en mayo. Frente a cada obstáculo, los docentes han respondido con mayor determinación sindical. “Si no les gusta el retrato, haremos más carteles y pegatinas para las salas de profesorado de toda la red pública”, avisan.
Nueva polémica por fondos a la concertada y el calendario escolar
Mientras se repite que no hay margen para invertir en la Pública sin nuevos presupuestos, la semana pasada se conoció un nuevo trasvase de medio millón de euros públicos destinados a la jubilación parcial en la Educación Privada Concertada. El pacto reduce la jornada lectiva más del 75% y alcanzará hasta a 200 de los 2.500 docentes de ese ámbito —un 8%—, frente a las 3-4 horas de alivio y solo 96 beneficiarios —el 1%— en la Pública.
Paralelamente, el consejero Silva —que asumió el cargo avalando el calendario pedagógico cántabro y sus resultados académicos— impulsa ahora una propuesta del Consejo Escolar que el STEC rechaza de plano. Aunque valora su rol consultivo para informes generales sobre el modelo escolar, critica que el borrador incluya fechas cerradas, elaborado con la mano de representantes de la concertada e invadiendo competencias de la Mesa Sectorial Docente, aún sin convocar.
El contenido agrava las discrepancias: prioriza la Semana Santa sobre criterios pedagógicos, rompiendo la estructura bimestral equilibrada y dejando un trimestre final de 55 días lectivos, “una barbaridad” que dañaría el rendimiento y el clima escolar tras una década de avances con un modelo “europeo”. El STEC, como sindicato mayoritario, urge la dimisión de Silva y lo planteará en negociaciones, tablones y la movilización del 14 de marzo.
