El diputado del PP y portavoz de Salud, Miguel Ángel Vargas, ha cargado contra el delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), por cuestionar el convenio del Ejecutivo cántabro con el Hospital Santa Clotilde. «Mentir sobre este acuerdo no va a devolverle al PSOE su dignidad política», ha espetado Vargas, al que le reprocha usar la sanidad pública para «embarrar, intoxicar y enfrentar».
Vargas ha defendido que el convenio está perfectamente regulado en la Ley General de Sanidad, la Ley de Contratos del Sector Público, la normativa de ordenación sanitaria y las directivas europeas. Se trata de un mecanismo legal para integrar en la red pública entidades sin ánimo de lucro cuando su colaboración resulta imprescindible para garantizar servicios esenciales.
«Esta es la misma colaboración público-privada que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) mantiene desde su creación con la única entidad sin ánimo de lucro de Cantabria. Todos los gobiernos, incluidos los del PSOE, han trabajado así», ha recordado el parlamentario popular, que ha puesto el dedo en la llaga: «¿Por qué lo que la actual presidenta socialista, María Luisa Real, contrataba y elogiaba como consejera ahora es privatización cuando lo firma el PP?».
Entre 2015 y 2023, el Gobierno PRC-PSOE destinó 91 millones de euros a derivaciones al Santa Clotilde, ha puntualizado Vargas, que ha desafiado a Casares a explicar por qué este convenio sería «privatización» en Cantabria pero no lo son los acuerdos similares que mantienen socialistas como Montero en Andalucía, Chivite en Navarra o Barbón en Asturias —este último con seis veces más fondos anuales—.
El portavoz popular ha acusado al PSOE de carecer de proyectos para Cantabria y de hipocresía sanitaria: pese a hablar tanto de sanidad pública, los socialistas se aliaron con Vox para tumbar los presupuestos de 2026 que preveían 98 millones más para este ámbito.
«Con el PP, la sanidad pública tiene un 22% más de presupuesto, el transporte sanitario funciona, hemos recuperado los cribados que dejaron abandonados, afrontado la falta de personal, mejorado condiciones laborales, reforzado servicios hospitalarios, batido récords de actividad asistencial y rebajado listas de espera que no paraban de crecer», ha resumido Vargas.
La réplica socialista: «Inicio del desmantelamiento»
La portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE cántabro, Ainoa Quiñones, ha respondido que con Buruaga estamos ante «el principio del fin de la Sanidad Pública» en la comunidad autónoma. «Empezaron en 2011 privatizando por 900 millones los servicios no clínicos de Valdecilla y ahora vuelven con este mega-convenio de 256 millones con Santa Clotilde, donde hay más sombras que luces», ha denunciado.
Quiñones ha contrapuesto los convenios público-privados tradicionales —siempre por cuatro años, con concurso público, transparencia y objetivos claros— con este «convenio singular dado a dedo por 16 años prorrogables, sin licitación ni exigencias».
«Una cosa es la colaboración público-privada complementaria, que nunca hemos cuestionado, y otra privatizar servicios básicos como cribados de cáncer de mama y colon mientras se deteriora la sanidad pública», ha enfatizado. «Destinan 256 millones a un hospital privado cuando recortan el SCS. Eso es lo que denunciamos».
La socialista ha aclarado que históricamente los convenios para servicios no clínicos se adjudicaban mediante concursos abiertos con varios licitadores, bases transparentes y plazos de cuatro años según la ley. «Esto es un pelotazo que hipoteca la sanidad pública dos décadas», ha concluido.
