Cantabristas ha presentado alegaciones contra los polígonos eólicos Astillero I y Astillero II, previstos sobre los municipios de Liérganes, Penagos, Santa María de Cayón, Villafufre, Saro, Miera y San Roque de Riomiera, al considerar que se ha producido una fragmentación “artificiosa” de los expedientes. A juicio de la formación, no existe una verdadera diferenciación entre dos proyectos autónomos, sino una escisión “meramente instrumental” que escondería en realidad una única actuación eólica de gran escala, que, por ley, debería someterse a una evaluación ambiental conjunta y global. Por este motivo, el partido ha solicitado la anulación y archivo de ambos proyectos, al entender que el procedimiento vulnera las exigencias de la normativa ambiental.
En sus escritos, Cantabristas subraya que los 25 aerogeneradores proyectados en Astillero I y II se sitúan de forma superpuesta sobre otros desarrollos eólicos ya planteados en la zona, concretamente los denominados Las Américas 3 y Benavieja. Para la formación cantabrista, este solapamiento evidencia “cómo las multinacionales energéticas se han lanzado sobre los montes de Cantabria como si fuera el salvaje oeste, sin ordenación del territorio ni una mínima planificación, pensando únicamente en su beneficio privado”. A su juicio, la acumulación de proyectos en los mismos cordales y valles, sin una visión de conjunto, agrava el impacto sobre el paisaje, los usos tradicionales del monte y la vida cotidiana de los pueblos implicados.
El partido advierte también de las consecuencias que, a medio y largo plazo, tendrían estos polígonos eólicos sobre el desarrollo rural de los municipios afectados. En su argumentación, Cantabristas sostiene que la implantación masiva de aerogeneradores contribuye a generar entornos menos atractivos para residir, lo que puede acelerar la despoblación rural y debilitar las posibilidades de fijar población joven o de retornar a los valles. Esa pérdida de atractivo, señalan, se traduciría en un empobrecimiento económico general de las áreas afectadas, acompañado de una caída del valor de propiedades e inmuebles y de un freno a modelos alternativos de desarrollo vinculados al paisaje, la ganadería extensiva o el turismo sostenible.
Desde el punto de vista medioambiental, el equipo jurídico de Cantabristas afirma haber detectado incumplimientos de la normativa de protección del medio natural, así como de las leyes específicas que regulan la conservación de hábitats y la biodiversidad. La formación pone el foco, en particular, en los riesgos para la fauna ornitológica, al tratarse de zonas de elevado valor ecológico y sensibles al efecto barrera y a la mortalidad asociada a los aerogeneradores. En este sentido, reclaman que se garantice el cumplimiento estricto de las obligaciones legales en materia de evaluación ambiental, conectividad ecológica y protección de especies, antes de autorizar cualquier instalación de este tipo en la comunidad autónoma.
Cantabristas concluye sus alegaciones insistiendo en que la planificación energética debe hacerse “con criterios de justicia social y ambiental”, priorizando el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo frente a grandes polígonos eólicos concentrados en áreas rurales. A su entender, la defensa del territorio y de los pueblos de Cantabria pasa por frenar proyectos que, como Astillero I y II, consideran incompatibles con un modelo sostenible y respetuoso con el medio natural y con la población de los valles afectados.
