El Gobierno de Cantabria ha puesto sobre la mesa la problemática «estructural» que arrastra la Justicia española por la escasez crónica de jueces, y ha criticado los plazos del Ministerio para cubrir las 500 plazas anunciadas, de las que solo cuatro llegan a esta comunidad autónoma, cantidad que «no resuelve la sobrecarga actual ni las necesidades históricas». Por ello, ha reclamado un plan de empleo público que atienda de forma inmediata las demandas de nuevas juzgados.
Así lo ha manifestado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, tras el acto de jura de 126 nuevos jueces de la última promoción celebrado ayer en Barcelona, al que asistieron representantes cántabros como miembros del Consejo Rector de la Escuela Judicial. Entre los togados figura la futura titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, una vez completada su fase práctica de formación.
Urrutia se ha alineado con las declaraciones de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, quien en el mismo evento alertó sobre el «grave» déficit de plantillas judiciales. La consejera ha recordado la solicitud de ampliación de plazas promovida por todos los firmantes del Pacto para la Justicia de Cantabria, que considera insuficientes las cuatro posiciones previstas por el Ministerio —una de ellas suprimida a principios de año—, y reclama tres más para evitar un deterioro del servicio público.
A esta carencia se une, según ha enfatizado, el tiempo que el Ministerio tardará en hacer efectivas las incorporaciones, lo que agrava la situación. Por eso, ha urgido un plan plurianual de empleo con ofertas sucesivas de numerosas plazas, que genere predictibilidad y atraiga a jóvenes juristas a una oposición que requiere de media cuatro años de preparación más dos de formación en la Escuela Judicial.
Sin atajos en el acceso a la judicatura
En relación con las reformas que impulsa el Ministerio para el acceso a la carrera judicial, Urrutia ha defendido el sistema actual y ha rechazado «atajos ni experimentos». «Necesitamos jueces bien formados, y el modelo vigente cumple a la perfección los principios de mérito y capacidad, con becas que garantizan la igualdad de oportunidades», ha insistido, coincidiendo con las declaraciones reiteradas de la presidenta del CGPJ.
La consejera ha desmontado el argumento de que el sistema favorece solo a clases pudientes o «castas» de juristas, citando los datos, estudios y estadísticas de la propia Escuela Judicial, que demuestran lo contrario. Ha abogado por un acceso ordenado y con tiempo suficiente, dado el rol del juez como garante del Estado de Derecho, protector de derechos individuales y patrimoniales, y control de la acción administrativa.
«En sus resoluciones se juega la defensa de todos los ciudadanos frente a las administraciones, funciones que exigen manos muy preparadas, objetividad y sujeción exclusiva a la ley», ha argumentado Urrutia. Por ello, ha considerado que «no todos los sistemas de acceso valen» y que la improvisación en nuevos métodos «no es el camino», un criterio que comparte el sentir mayoritario de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales.
El Gobierno cántabro insiste en que esta planificación es imprescindible para revertir la sobrecarga de los juzgados y garantizar una Justicia ágil y eficiente en la comunidad autónoma, alineándose con las demandas de todos los agentes implicados en el Pacto para la Justicia.
