El Gobierno de España ha decidido continuar con el procedimiento para declarar la Península de La Magdalena como lugar de memoria democrática, pese a la oposición expresa del Ayuntamiento de Santander y del Ejecutivo de Cantabria. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la apertura del periodo de información pública, una vez completado el trámite de audiencia al Consistorio, que había solicitado el archivo del expediente.
Tanto la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, como la alcaldesa, Gema Igual, han reiterado su rechazo a esta declaración, al considerar que este tipo de reconocimientos “reabren heridas” y “fomentan la división y el enfrentamiento”. En esa misma línea, el Parlamento de Cantabria aprobó el pasado diciembre una proposición no de ley, a iniciativa del Partido Popular, instando al Gobierno autonómico a oponerse a la iniciativa ministerial.
El Ayuntamiento de Santander ya presentó en noviembre alegaciones ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática pidiendo que la declaración quedara sin efecto, al entender que el expediente contiene errores en la delimitación del espacio. Según argumenta el Consistorio, el antiguo campo de concentración franquista no se ubicaba en el Palacio de La Magdalena, sino en las caballerizas, y además defiende el valor patrimonial, cultural y social del conjunto, que forma parte de la identidad santanderina.
En declaraciones anteriores, la alcaldesa acusó al Gobierno central de “emplear recursos públicos para ensombrecer los 117 años de historia” de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad “por un episodio puntual que duró apenas dos años”.
Según el inventario del Ministerio de Memoria Democrática, la Península de La Magdalena albergó entre 1937 y 1939 uno de los principales campos de concentración del norte de España. Con la caída del frente norte, miles de combatientes republicanos quedaron atrapados en Cantabria sin posibilidad de huida, y solo en la provincia se rindieron cerca de 50.000 soldados. Desbordadas por la magnitud del número de prisioneros, las autoridades franquistas habilitaron diferentes espacios de internamiento en Santander, entre ellos el recinto de La Magdalena.
El campo, instalado en las antiguas caballerizas, tenía una capacidad prevista para unos 600 prisioneros, aunque en determinados momentos llegó a concentrar a más de 1.600. Su ubicación geográfica —en una península cerrada con accesos fácilmente controlables y rodeada por el mar— hacía casi imposible cualquier intento de fuga.
Los informes del Ministerio describen unas condiciones de vida “extremadamente duras”: los internos sufrían hambre, enfermedades como el tifus, la sarna o la tuberculosis, y una alta mortalidad derivada del hacinamiento y la falta de recursos. Tras la caída del País Vasco, el campo de La Magdalena desempeñó un papel clave como centro de internamiento de sospechosos políticos y militares republicanos, convirtiéndose en un punto estratégico dentro del sistema represivo franquista.
Con la apertura del periodo de información pública, el procedimiento administrativo avanza hacia su resolución final, pese a la oposición institucional tanto del Ayuntamiento de Santander como del Gobierno de Cantabria, que insisten en su petición de archivar la declaración y preservar el conjunto de La Magdalena como símbolo patrimonial y turístico de la ciudad, ajeno a la confrontación política.
