El Pleno del Parlamento de Cantabria dio este lunes luz verde a la Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto de la Administración autonómica, una norma que pretende reforzar la implicación de los cántabros en la toma de decisiones públicas y garantizar una administración más transparente y accesible. El texto fue aprobado con los votos favorables de PP, PRC y PSOE, mientras que Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio optaron por la abstención.
Durante la sesión, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, defendió esta ley como un paso “para avanzar hacia una democracia más participativa, inclusiva y transparente”. Subrayó que su objetivo es facilitar el control ciudadano sobre la gestión pública y fomentar el diálogo entre la administración y la sociedad a través del acceso a la información y la evaluación de las políticas.
La norma, organizada en tres títulos y 30 artículos, complementa la reciente Ley de Simplificación Administrativa y forma parte —según Urrutia— del compromiso del Ejecutivo autonómico con la transparencia, la modernización institucional y el desarrollo económico y social de Cantabria. El texto, redactado inicialmente por el anterior Gobierno PRC-PSOE y revisado en la actual legislatura, incorporó parte de las alegaciones y enmiendas presentadas durante su tramitación.
Desde la oposición, Vox justificó su abstención argumentando que la ley es “mejorable”. Su portavoz, Leticia Díaz, reconoció el trabajo de su grupo en la presentación de 27 enmiendas —de las que se aceptaron diez—, pero alertó de que la norma “corre el riesgo de quedarse en buenas intenciones” si no se traduce en una participación efectiva. Por su parte, Cristóbal Palacio cuestionó la relevancia práctica del texto, al considerar que se aprueban “leyes bonitas” que generan consenso pero no atienden asuntos de mayor impacto, como el Plan de Ordenación del Territorio o la ley de policías locales.
Desde el PSOE, la diputada Norak Cruz recordó que la ley formaba parte del programa electoral socialista y destacó que, aunque no se han incorporado todas sus propuestas, sí prosperaron 17 enmiendas centradas en adaptar el lenguaje a una terminología más inclusiva. También señaló como pendientes cuestiones relacionadas con el acceso universal a la tecnología, la gestión de datos abiertos y la igualdad de género.
La regionalista Paula Fernández calificó la ley como “necesaria aunque no suficiente” y afirmó que con su aprobación “Cantabria da un paso decisivo hacia un verdadero Gobierno abierto”. Defendió que el carácter uniprovincial de la comunidad es “una oportunidad” para extender las políticas participativas y reforzar la colaboración con los ayuntamientos.
En la misma sesión, los grupos de la Cámara rechazaron la enmienda a la totalidad presentada por Vox al proyecto de Ley de Control Ambiental, que continuará su tramitación en la Comisión de Medio Ambiente. El consejero del área, Roberto Media (PP), defendió que esta reforma “responde a una necesidad jurídica y social clara”, mientras que Vox la calificó de “burocrática e intervencionista”. El socialista Pablo Zuloaga replicó que “proteger el medio ambiente es proteger la vida y el empleo en Cantabria”, y Guillermo Blanco (PRC) advirtió del “discurso negacionista” de la ultraderecha.
Además, el pleno aprobó por unanimidad una iniciativa del PRC para promover programas educativos que difundan en los colegios el valor del sector primario —agricultura, ganadería y pesca—, y rechazó la moción de Vox que planteaba estudiar la implantación de energía nuclear en la comunidad, así como su propuesta para suspender la obligatoriedad de la baliza V16.
Durante el debate, los portavoces de la oposición también interpelaron al Gobierno autonómico por cuestiones relacionadas con los servicios de emergencia y la sanidad pública. El consejero de Salud, César Pascual, negó que la reciente huelga médica haya tenido un “impacto devastador”, aunque reconoció que se perdieron unas 22.000 consultas durante las cuatro jornadas de paro.
Por su parte, la consejera de Presidencia anunció que en enero se convocará un curso de formación para bomberos destinado a ampliar la bolsa de empleo y cubrir seis nuevas plazas, así como el abono pendiente de horas extraordinarias correspondientes al mes de noviembre. Urrutia defendió que el actual Ejecutivo “ha reforzado la plantilla y cumple las sentencias” frente a los “incumplimientos” que achacó al anterior Gobierno PRC-PSOE.
El pleno también abordó cuestiones de memoria democrática tras las críticas del PSOE a la Consejería de Cultura por su gestión de las exhumaciones en el cementerio de Mirones. El consejero Luis Martínez Abad (PP) aseguró que las excavaciones promovidas por el Ministerio de Memoria Democrática y la Asociación Héroes de la República se hicieron sin la autorización arqueológica pertinente, aunque aclaró que el expediente fue posteriormente regularizado sin incidencias.
Con esta sesión, la última de 2025, el Parlamento cántabro cerró su actividad plenaria del año con la aprobación de una ley clave para reforzar el vínculo entre ciudadanía y administración y varios debates cargados de contenido político en el cierre del curso parlamentario.
