Las conversaciones entre el Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria para acordar los Presupuestos autonómicos de 2026 volvieron a naufragar este lunes. El encuentro, celebrado con un clima de evidente desconfianza, acabó sin avances tangibles después de que los populares rechazaran varias de las condiciones impuestas por el PRC para abrir negociaciones formales, tres de ellas relacionadas con el ámbito sanitario y calificadas por el PP de “imposibles de asumir”.
En concreto, los regionalistas planteaban recuperar el sistema organizativo anterior en el hospital de Laredo —que incluía la enfermera del turno nocturno y la de esterilización—, ampliar la hospitalización domiciliaria a los municipios de Campoo y valles de Iguña y Anievas, y garantizar la dispensación de medicamentos con visado en el hospital Tres Mares de Reinosa. Sin embargo, los populares argumentaron que estas cuestiones deben decidirse bajo criterios técnicos y no políticos, por lo que se negaron a aceptarlas.
El tono tampoco fue más constructivo en las otras tres condiciones planteadas por el PRC —el plan de detección precoz del cáncer de mama, la opción de compra del polígono de La Vega y el pago completo de las ayudas al sector agrario—. El PP sostuvo que esas demandas “ya están cumplidas”, un diagnóstico que los regionalistas no comparten. “Falta voluntad para alcanzar un acuerdo”, criticaron desde el PRC, mientras que los populares replicaron acusándoles de “intransigencia” y de buscar un pretexto “para decir no a los presupuestos”.
La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, valoró tras la reunión que el PRC “no quiere un acuerdo real, sino un motivo para bloquear las cuentas”, y sugirió incluso que la dirección de los regionalistas convoque un nuevo Comité Ejecutivo para reconsiderar su postura. Desde el PRC, su diputada y candidata a la Presidencia, Paula Fernández, reconoció tener “malas sensaciones” y lamentó que el diálogo siga “atascado” pese a que sus peticiones, aseguró, “son razonables y viables”.
Ni unos ni otros dan por cerradas las conversaciones. Los regionalistas dicen mantener “los teléfonos abiertos” hasta el jueves 20 a las 12.00 horas, límite para presentar enmiendas a la totalidad, aunque amenazan con registrarlas si no se aceptan sus condiciones. El PP, por su parte, insiste en que aún “hay margen hasta el debate del día 24” y confía en que el PRC “reflexione”.
Durante la reunión, los populares también informaron a los regionalistas del resultado de una tasación encargada a un ingeniero especialista sobre el precio del suelo del polígono de La Vega, que fija su valor en 31,34 euros por metro cuadrado, inferior al de Aguilar de Campoo (35 €/m²). El Gobierno cántabro, sostienen, no puede comprarlo por encima del valor de mercado “porque sería ilegal”. Por ello, invitaron al PRC a reclamar al SEPES, dependiente del Gobierno central, una rebaja de los precios.
En cuanto a las ayudas al sector primario, el PP defendió que se han respetado todos los plazos legales de pago y que el anticipo de la PAC —correspondiente al 70% de las ayudas— se abonará el 21 de noviembre, con el 90% previsto para el 19 de diciembre y el resto a partir de mayo de 2026. Las únicas pendientes, dijeron, son las “ayudas ecológicas”, cuya demora atribuyen al diseño del anterior Ejecutivo PRC-PSOE.
También se abordó la reclamación regionalista de eliminar la denominada “cláusula Silva” y firmar el acuerdo que actualiza los salarios docentes. Según el PP, no es viable asumir ese incremento —que supondría 17 millones adicionales en 2026— sin un presupuesto aprobado, ya que “afectaría directamente al equilibrio del sistema educativo”.
El pulso político se mantiene y las posiciones continúan alejadas. Mientras el PP reprocha a los regionalistas “anteponer su estrategia electoral al interés general”, el PRC acusa al Ejecutivo autonómico de “cerrarse a cualquier cesión”. Ambos partidos insisten, no obstante, en que las puertas del diálogo siguen abiertas, aunque la distancia parece, por ahora, difícil de salvar.
