El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad una iniciativa del Partido Regionalista que insta al Gobierno autonómico a simplificar y agilizar el proceso de valoración de la dependencia, cuya demora media alcanza actualmente los 211 días, 31 más de lo que marca la ley estatal. La moción, debatida este lunes en el Pleno, también reclama aumentar las plazas en residencias y centros de día, con especial atención al ámbito rural.
El acuerdo llega apenas unos días después de que la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, se reuniera con la comisión que impulsa la mejora de estos procedimientos. Con esta medida, el Parlamento busca poner fin al atasco que sufre el sistema público de atención a la dependencia y responder al creciente envejecimiento de la población cántabra.
Más plazas y atención personalizada
El texto aprobado incorpora un compromiso para crear nuevas plazas en residencias con servicio permanente y centros de día, reforzar las ayudas de teleasistencia y apoyo domiciliario, y cumplir el objetivo de ampliar la red asistencial, que no ha avanzado al ritmo previsto. El Ejecutivo autonómico había prometido habilitar 600 plazas nuevas antes de 2025, aunque hasta la fecha solo se han abierto 52.
Desde el PRC, la diputada Rosa Díaz ha pedido “poner fin a los atascos” administrativos y destinar los recursos necesarios para que las familias no sigan esperando más de lo legalmente establecido. “No podemos resignarnos a una media de 211 días”, ha señalado.
Críticas y propuestas desde la oposición
En el debate, el diputado de Vox, Armando Blanco, ha denunciado la “falta de estrategia” del Gobierno cántabro en materia de dependencia y ha propuesto redactar un Plan Estratégico Marco de Dependencia 2025-2040, recordando que casi un tercio de la población de la comunidad superará los 65 años dentro de ese periodo.
Por su parte, la socialista Norak Cruz ha acusado al Ejecutivo de “autocomplacencia” y de incumplir la normativa nacional. Según dijo, el actual proceso “es un laberinto para muchas familias”, y mostró dudas sobre la ejecución del plan de nuevas plazas por “falta de edificios y de información sobre su ubicación”.
El PP defiende la gestión de la Consejería
El Grupo Popular, que respaldó finalmente la moción, lo hizo “a pesar de los datos inexactos” que, según su diputado Alejandro Liz, ofreció el PRC. Liz precisó que, a 30 de septiembre, fueron 93 las personas fallecidas en lista de espera, “muy lejos de las más de 240” citadas por los regionalistas.
Además, el parlamentario del PP reivindicó el esfuerzo financiero del Gobierno autonómico, que asume “el 75% del gasto total en dependencia, frente al 25% que aporta el Estado, cuando debería aportar la mitad”. También recordó que los presupuestos de 2025 contemplan una partida de 200 millones para dependencia, frente a los 167 millones del último presupuesto del anterior Ejecutivo PRC-PSOE.
El Parlamento apoya el desarrollo tecnológico
La Cámara también aprobó, aunque sin unanimidad, una iniciativa para apoyar el proyecto de campus tecnológico Altamira, destinado a convertir Villaescusa y Piélagos en referentes nacionales en tecnología y ciencia. La propuesta, impulsada por el grupo Popular y apoyada por Vox, urge al Gobierno central a dotar de infraestructuras energéticas esenciales para hacer viable una inversión privada de 3.600 millones y la creación de cerca de 3.000 empleos.
Regionalistas y socialistas se abstuvieron, resaltando dudas sobre la falta de documentación y sobre las previsiones de empleo y los impactos locales. Defendieron la necesidad de mayor transparencia, acceso a informes y garantías antes de dar un apoyo “sin fisuras”. El PP reivindicó la solvencia del proyecto y su potencial como motor económico, mientras Vox defendió un “principio de responsabilidad” sin entregar un “cheque en blanco”.
Financiación municipal y tensiones políticas
El pleno abordó también el Fondo de Cooperación Municipal, donde PRC, PSOE y Vox exigieron incrementar un 25% los recursos destinados a los ayuntamientos en los próximos presupuestos autonómicos, especialmente para compensar el coste de servicios públicos y competencias impropias asumidas por los municipios. El PP votó en contra, defendiendo que ya ha aceptado una subida y detallando otras partidas de inversión directa en obras municipales y transferencias corrientes.
Los portavoces insistieron en la importancia de garantizar la sostenibilidad financiera de los municipios, atender a los territorios rurales y reducir las desigualdades, mientras que Vox pidió menos burocracia y mayor libertad de gestión.
Educación afectivo-sexual y pagos a proveedores
Entre las propuestas rechazadas por la mayoría de PP y Vox, la relativa a reforzar y actualizar la educación afectivo-sexual en la comunidad fue tumbada pese a contar con el apoyo de PRC, PSOE y el diputado no adscrito. El grupo socialista argumentó que la falta de formación incide en el aumento de infecciones de transmisión sexual entre jóvenes, y defendió trabajar contenidos de igualdad y sexualidad responsable desde edades tempranas. PP consideró que la iniciativa “llega tarde” y Vox acusó a la propuesta de querer “hipersexualizar” a los menores.
En los últimos compases del pleno, se abordó el pago medio a proveedores, con críticas socialistas por el deterioro en la gestión y el retraso que ha situado a Cantabria en las posiciones bajas a nivel nacional. El consejero de Economía atribuyó el problema al Servicio Cántabro de Salud y al Estado, que, según argumentó, mantiene una deuda significativa con la comunidad autónoma.
