El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha planteado que el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) sea el instrumento que establezca con claridad en qué puntos de Cantabria podrán implantarse parques eólicos y qué municipios deben quedar al margen de este tipo de desarrollos. Hernando propone que solo ocho municipios —Soba, Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río, Valdeolea, Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Yuso, Santiurde de Reinosa y San Miguel de Aguayo— reúnan las condiciones ambientales y urbanísticas necesarias para albergar futuros proyectos, lo que permitiría que “la mayor parte del territorio cántabro quede libre” de este tipo de infraestructuras.
El dirigente regionalista presentó esta propuesta en una rueda de prensa previa a la moción que defenderá el próximo lunes en el Parlamento, en la que el PRC exigirá al Ejecutivo que atienda las más de 5.200 alegaciones presentadas por ayuntamientos, juntas vecinales y vecinos al parque de Briesa, cuyo proyecto prevé evacuar la energía a través de Cantabria desde una instalación eólica de 90 megavatios en Burgos. Hernando insistió en que la delimitación de áreas aptas para la energía eólica debe quedar recogida en el PROT, para poner freno “a la falta de regulación”, aportar seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a las empresas y disipar incertidumbres.
El portavoz regionalista ha reivindicado que el Parlamento debe posicionarse claramente en contra del parque de Briesa, igual que ya lo ha hecho en proyectos como Corus, Piruquito y Montecubo, y mostró su rechazo a las recientes declaraciones de la presidenta autonómica sobre la “buena marcha” de los desarrollos eólicos, calificándolas de “alejadas de la realidad”. Defendió la necesidad de un mapa que establezca con transparencia dónde no se permitirá ningún desarrollo eólico, entre ellos los municipios por donde discurriría la infraestructura de evacuación del parque de Briesa, como Penagos, El Astillero, Vega de Pas o Santa María de Cayón.
La moción del PRC alerta también del impacto ambiental, paisajístico y sobre la salud que supondría la instalación en Cantabria de 55 torres de alta tensión de 50 metros de altura a menos de 200 metros de numerosas viviendas, afectando además a espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000. Hernando concluyó recordando que los beneficios de estas instalaciones quedarían en Burgos, mientras que para Cantabria supondrían “problemas ambientales, urbanísticos y sociales”.
