El Gobierno de Cantabria ha mostrado su oposición frontal al borrador de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, que la Comisión Europea presentó en julio. La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, calificó la propuesta de “inaceptable” al contemplar una reducción presupuestaria de entre el 15 y el 22 por ciento, lo que supondría para la comunidad unas pérdidas estimadas en 72 millones de euros a lo largo del periodo.
En declaraciones tras participar este lunes en el Consejo Consultivo de Política Agraria y Pesquera celebrado en Madrid, Susinos alertó de que la propuesta es “perjudicial para el sector, para la soberanía alimentaria y para la economía regional” y reclamó al ministro de Agricultura, Luis Planas, liderar un frente común de todas las comunidades autónomas y recabar apoyos fuera de España para exigir una revisión al alza del presupuesto.
La consejera insistió en que el reglamento actual debe ser retirado y sustituido por uno nuevo, en línea con la postura que mantienen otros gobiernos autonómicos del PP. “No queremos negociar pequeños aspectos, sino empezar de cero con un planteamiento diferente”, subrayó. En su opinión, la PAC debe contar con un presupuesto “mucho mayor e independiente”, que no se mezcle con otras políticas comunitarias y que mantenga los fondos FEAGA y Feader, claves en el apoyo directo a las rentas de los agricultores y en la modernización del campo.
Susinos también advirtió de que el texto presentado por Bruselas abre la puerta a que parte de la financiación dependa de cada Estado miembro, lo que generaría desigualdades territoriales. “La PAC debe seguir siendo una política común, no la suma de políticas nacionales. Lo contrario sería vulnerar los principios del propio Tratado de la Unión Europea”, sostuvo.
En materia pesquera, la consejera expresó su rechazo a los cambios previstos en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), que pasaría a gestionarse a nivel nacional y además sufriría un recorte del 67 por ciento. A su juicio, esa modificación supondría “romper el principio de cohesión y poner en riesgo la equidad entre territorios”.
“Estas son nuestras líneas rojas”, remarcó Susinos, que trasladó al ministro su “gran preocupación” por el futuro del sector primario. Al mismo tiempo, ofreció la colaboración del Ejecutivo cántabro para construir una posición de país que defienda los intereses de agricultores, ganaderos y pescadores en este “momento decisivo”.
