El Parlamento de Cantabria ha sacado adelante por unanimidad una iniciativa presentada por el PRC para pedir al Gobierno central que incremente el número de examinadores de tráfico en la región. Según argumentó el regionalista Javier López Estrada, más de 4.300 personas en la comunidad están pendientes del examen práctico tras haber superado la parte teórica, una situación que, según denunció, genera un cuello de botella que afecta especialmente a jóvenes que necesitan el carné para acceder a su primer empleo.
Actualmente, solo hay nueve examinadores en toda Cantabria, lo que, a juicio del PRC, es claramente insuficiente. Por ello, el Parlamento solicita elevar la plantilla a un mínimo de 12 y reforzar temporalmente el servicio con examinadores itinerantes o más pruebas diarias, además de priorizar permisos profesionales clave para sectores como el transporte y la logística.
Presupuestos del Estado y clima político tenso
Otra iniciativa aprobada, esta vez impulsada por Vox y respaldada por PP y PRC, insta al Gobierno de Pedro Sánchez a presentar de forma urgente los Presupuestos Generales del Estado. Según los grupos que apoyaron la propuesta, la prórroga de las cuentas públicas está lastrando inversiones y generando incertidumbre financiera para Cantabria. El PSOE votó en contra y defendió que el Ejecutivo central sí ha cumplido con la comunidad en materia de inversión.
En ese mismo bloque de medidas, Vox reclamó también que el Gobierno cántabro evalúe el impacto real de las prórrogas presupuestarias en las transferencias e inversiones estatales. Su diputada Natividad Pérez acusó al Ejecutivo central de discriminar a comunidades que “no chantajean” políticamente, como Cantabria, frente a otras con mayor peso negociador.
Menores migrantes: cruce de acusaciones
El tema más tenso de la jornada fue el debate sobre la gestión de los menores migrantes tutelados por el Gobierno cántabro. El PRC y el PSOE interpelaron al Ejecutivo autonómico sobre una posible repatriación de 18 de estos menores. La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), negó rotundamente que se haya iniciado ningún proceso de expulsión y tachó de “falsas” las acusaciones vertidas al respecto.
Gómez del Río insistió en que no se ha solicitado la repatriación, sino que se ha pedido a la Delegación del Gobierno recabar información sobre sus familias en origen para valorar una posible reunificación. Acusó a la Delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), de “enfangar” el debate y crear una “polémica artificial”.
La consejera defendió que el Gobierno autonómico ha actuado “dentro de la legalidad” y denunció una campaña de desinformación alentada, en su opinión, por intereses partidistas. El PSOE, por su parte, acusó al PP de intentar ejecutar una “devolución en caliente” y usar el tema como arma política.
Infraestructuras educativas y medio ambiente
En clave regional, la Cámara dio luz verde a una propuesta de Vox, apoyada por PRC y PSOE, para que se construya un pabellón cubierto multiusos en el CEIP Rodríguez de Celis, en Paracuelles (Hermandad de Campoo de Suso). El PP votó en contra al proponer una alternativa de menor alcance: cubrir únicamente la pista deportiva existente.
También se aprobó, con el único rechazo de Vox, una iniciativa del PRC —modificada por el PP— para actualizar antes de fin de año la Estrategia Regional contra el Cambio Climático. El PRC aceptó ampliar el plazo inicialmente previsto (cuatro meses), aunque criticó la lentitud del Ejecutivo en abordar este tema, dada la obsolescencia del documento en vigor.
Finalmente, no prosperó la propuesta socialista de retomar el proyecto del Centro de FP de Viérnoles, centrado en energías renovables, que el actual Ejecutivo ha descartado. PSOE y PRC lo defendieron como una apuesta por el futuro laboral de la juventud cántabra en sectores verdes, pero PP y Vox lo rechazaron por considerarlo poco viable económicamente.
