El Gobierno de Cantabria ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que modifica la Ley de Extranjería y establece los criterios para el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha expresado su rechazo a esta medida, calificándola de «invasión de competencias» y una amenaza para la «autonomía financiera» de la comunidad.
En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, Buruaga ha manifestado: «Aprobamos hoy en Consejo de Gobierno interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto del Gobierno de Sánchez que modifica la Ley de Extranjería y establece los criterios del reparto de menores no acompañados. Vamos a defender a Cantabria frente a esta invasión de competencias y de nuestra autonomía financiera».
Vamos a defender a Cantabria frente a esta invasión de competencias y de nuestra autonomía financiera.
— M.J Sáenz de Buruaga (@mjburuaga) April 3, 2025
La decisión del Ejecutivo cántabro se fundamenta en la preocupación por la capacidad de la región para acoger a un número significativo de menores migrantes. Actualmente, Cantabria dispone de 212 plazas en su sistema de protección de menores, de las cuales 36 están destinadas a menores extranjeros no acompañados, con 22 ya ocupadas. Según estimaciones, la aplicación del decreto podría implicar la llegada de hasta 170 menores adicionales a la comunidad, lo que, según Buruaga, «desborda» las posibilidades de acogida y pone en peligro la red de protección existente.
La presidenta ha subrayado que, aunque Cantabria es una comunidad solidaria y responsable, no puede asumir una carga que supere en cinco veces su capacidad actual sin los recursos y la financiación adecuados. Además, ha criticado que el reparto se haya decidido sin consenso y ha señalado que el Estado no puede trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas sin proporcionar los medios necesarios.
Esta postura se alinea con la de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como la Región de Murcia, que también ha anunciado su intención de recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la medida impone una carga desproporcionada y carece de una financiación adecuada.
El Gobierno central, por su parte, defiende que el decreto busca una distribución equitativa de los menores migrantes entre las comunidades autónomas, teniendo en cuenta criterios como la población, la renta per cápita y la tasa de paro de cada región. Sin embargo, algunas comunidades autónomas consideran que estos criterios no reflejan adecuadamente su capacidad real de acogida y los recursos disponibles.
