El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la Ley de Simplificación Administrativa, una normativa promovida por el PP y Vox con el respaldo del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, exmiembro de la formación de ultraderecha. La ley, que entrará en vigor en una semana, ha sido rechazada por el PSOE y el PRC, quienes la han calificado como una «ley ómnibus» que «se salta los trámites legales» y «facilita la especulación urbanística y medioambiental».
Durante el debate, los grupos promotores defendieron que la norma es «necesaria» y que su objetivo es «hacer la vida más fácil a los ciudadanos» al reducir la burocracia y agilizar los trámites administrativos. Sin embargo, desde el PRC y el PSOE se ha criticado que la ley no busca simplificar, sino «desregular», lo que, según ellos, podría tener consecuencias negativas en el territorio.
Medidas concretas y plazos
La ley incluye la creación de un plan de simplificación en un plazo de seis meses, así como la revisión de los «silencios administrativos» para convertirlos en positivos en un máximo de tres meses. Además, se establecerá un grupo de trabajo para supervisar la aplicación de estas medidas y se emitirán informes anuales para evaluar su impacto.
Isabel Urrutia, consejera de Presidencia y Simplificación Administrativa del PP, ha calificado este día como «histórico» para Cantabria, asegurando que la ley marcará «un antes y un después» en la región. Según Urrutia, la normativa eliminará trámites innecesarios, reducirá los plazos de resolución y fomentará la digitalización y la interoperabilidad entre administraciones.
Críticas desde la oposición
Desde el PRC, su portavoz, Pedro Hernando, ha tachado la ley de «liberal y antimunicipalista», advirtiendo que «abre la puerta a desmanes urbanísticos y medioambientales». Hernando ha destacado que la norma modifica 24 leyes y 22 decretos sin informes preceptivos, lo que, a su juicio, podría hacerla inconstitucional en algunos aspectos.
Por su parte, el PSOE ha coincidido en que Cantabria necesita una ley de simplificación, pero no «esta». Mario Iglesias, diputado socialista, ha afirmado que se trata de una «oportunidad perdida» y ha criticado que el Gobierno regional «haga lo mismo que critica a nivel nacional» con las leyes ómnibus.
Compromisos y futuro
Urrutia ha asegurado que la ley no solo mejorará la gestión pública, sino que también fortalecerá el desarrollo económico y social de Cantabria. Además, ha avanzado que los futuros gobiernos estarán obligados a actualizar y mejorar la normativa.
Mientras tanto, el PRC y el PSOE han anunciado que seguirán vigilantes ante los posibles impactos de esta ley, especialmente en materia urbanística y medioambiental, áreas en las que temen que se produzcan «abusos» en los próximos meses.
Con esta aprobación, Cantabria se suma a otras comunidades autónomas que han impulsado normas similares, aunque el debate sobre sus consecuencias a largo plazo sigue abierto.
