La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto a los nueve comerciales de una empresa de seguridad privada que estaban acusados de estafa por supuestamente cobrar comisiones de manera irregular. El tribunal considera que no ha quedado acreditado que cometieran ningún delito.
La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sostiene que las pruebas presentadas durante el juicio no permiten concluir que existiera un engaño suficiente para justificar el cobro indebido de comisiones que denunciaba la empresa.
Rechazo de las acusaciones
La Audiencia no ha respaldado las tesis de la acusación particular ejercida por la empresa, que atribuía a los nueve trabajadores un delito continuado de estafa. Además, a tres de ellos, con cargos de responsabilidad, se les imputaban también delitos continuados de administración desleal y falsedad en documento privado.
Por su parte, la Fiscalía solo dirigía su acusación contra el gerente de la zona norte, a quien se le imputaba haber manipulado en varias ocasiones el sistema informático para generar comisiones indebidas a favor de un empleado, pidiéndole posteriormente que se las entregara. Sin embargo, el tribunal considera que estos hechos no han quedado acreditados.
Una investigación bajo presión
La sentencia relata que el origen de la investigación se encuentra en las declaraciones de una trabajadora despedida durante un acto de conciliación. En esa ocasión, apuntó a posibles irregularidades en la delegación de Santander, lo que llevó a la empresa a iniciar una revisión interna.
En el marco de esta investigación, responsables de la compañía convocaron una reunión con los trabajadores en un ambiente que la sentencia describe como «intimidatorio». En ese contexto, algunos empleados firmaron documentos en los que reconocían irregularidades, si bien posteriormente no ratificaron esas declaraciones al cambiar las condiciones en las que se emitieron.
Desde ese momento, la empresa fue despidiendo progresivamente a los acusados, siendo declarados improcedentes todos los despidos salvo uno en la jurisdicción social.
Falta de pruebas concluyentes
La empresa argumentaba que los responsables de la delegación manipularon y alteraron ficheros informáticos para atribuir más contratos a ciertos comerciales, lo que les permitió percibir un total de 32.000 euros en comisiones infladas. No obstante, la Audiencia rechaza este relato al no haberse presentado pruebas que lo respalden.
En su testimonio, la trabajadora despedida que inició las sospechas reconoció que sus declaraciones se debieron al «despecho» que sentía en aquel momento y aseguró que no fue testigo de ninguna irregularidad.
Del mismo modo, otro de los acusados que firmó un reconocimiento de irregularidades aseguró en el juicio que lo hizo «por miedo» al clima generado durante la reunión de investigación.
Finalmente, el tribunal concluye que no se ha probado ni la manipulación de los datos ni el supuesto reparto de las comisiones, ni que existiera un perjuicio económico para la empresa.
