La agrupación local de Cantabristas en Torrelavega ha denunciado la privatización de la gestión de las 69 viviendas sociales que se construirán en la capital del Besaya. Según la formación, el Gobierno de Cantabria, a través de la promotora pública GESVICÁN, ha licitado la gestión de estas viviendas a una empresa privada por un periodo máximo de 75 años, con una subvención de hasta 50.000 euros por cada vivienda construida.
Cantabristas ha calificado como “muy grave” la decisión del Ayuntamiento de Torrelavega de aprobar, en el Pleno del pasado 16 de enero, la cesión del suelo a GESVICÁN, teniendo conocimiento de que la gestión de las viviendas sería privatizada. Este acuerdo contó con el respaldo de todos los grupos políticos representados (PRC, PSOE, PP, Torrelavega Sí, Vox y Podemos-IU).
Distribución de las viviendas y críticas al modelo
El proyecto contempla la construcción de 42 viviendas en el Sector VI El Valle, 15 en el Zapatón y 12 en la Calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo, en el barrio de la Inmobiliaria. Sin embargo, desde Cantabristas han señalado que el modelo de gestión planteado por el Gobierno autonómico beneficiará más a las empresas privadas que a los ciudadanos que necesitan acceso a vivienda social.
Según la agrupación, las empresas adjudicatarias construirán las viviendas “a bajo coste” y tendrán el control como arrendadores durante 75 años, obteniendo beneficios que consideran desproporcionados. Además, cuestionan que el precio del alquiler, fijado en 550 euros al mes, no puede ser considerado “social” y lo califican como un “negocio encubierto” para las empresas.
Críticas al Gobierno autonómico y petición de un modelo alternativo
Desde Cantabristas también han criticado duramente al Gobierno de Cantabria por lo que consideran una política de vivienda que “llena los bolsillos de privados”. Han señalado que las condiciones incluidas en el contrato son excesivamente favorables para las empresas, y han exigido un cambio de enfoque que priorice el interés público y garantice un acceso real a viviendas sociales a precios accesibles.
La agrupación ha pedido que se reconsidere el modelo de gestión y se busquen alternativas que eviten la privatización de un recurso esencial como la vivienda pública.
