El titular de la Plaza de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Santander ha dado un nuevo giro al caso del bolígrafo grabador hallado en los despachos del grupo parlamentario de Vox en Cantabria: ha acordado que la portavoz del grupo, Leticia Díaz, pase a declarar en calidad de investigada por su posible participación en los hechos que se están dilucidando. La decisión se adopta en un auto notificado hoy, en el que el magistrado argumenta que existen indicios suficientes para dirigir el procedimiento también contra ella, más allá del asesor que ya está siendo investigado por las escuchas.
El punto de partida de toda esta trama es la denuncia interpuesta en su día por cuatro personas vinculadas al grupo: dos diputados y dos asesores. Todos ellos aseguraron haber encontrado, sobre la mesa del asesor que trabajaba prácticamente en exclusiva para la portavoz, un bolígrafo que, al desmontarlo, resultó ser un dispositivo de grabación oculto. En la denuncia, los afectados manifestaron sus sospechas de que ese “boli espía” se había empleado para captar conversaciones privadas en el despacho, con el objetivo de perjudicarles en un contexto de fuertes tensiones internas en el grupo.
Qué dicen las grabaciones recuperadas del dispositivo
El análisis forense de la memoria del bolígrafo permitió recuperar numerosos archivos de audio. Según recoge el auto, el dispositivo contenía veinticinco grabaciones, y en tres de ellas aparecen conversaciones entre la portavoz y el asesor investigado en las que ambos aluden, sin ambigüedad, al propio aparato. En la primera de esas conversaciones se escucha a la mujer decir que el dispositivo “tiene pintaza”, añadir “vamos a ver si tal capta” y preguntar después: “¿De ahí vamos a sacar grandes cosas?”. El hombre, por su parte, responde que primero tiene que leer las instrucciones.
En una segunda grabación, el diálogo se centra en la puesta en marcha del aparato. El asesor pregunta: “¿Has encendido?”, y ella contesta: “Acabo de encender, acabo de ver la luz roja”. Más adelante, él indica: “Ahora está parado”. En la tercera de las conversaciones clave, el hombre explica a la mujer cómo funciona la grabadora: “Ya está listo, ya está grabando”, a lo que ella responde “vale”. A continuación, él detalla cómo parar y volver a activar la grabación: “Para que pare… plas, otra vez y para arriba… ya está grabando”.
El instructor subraya que ese contenido no puede separarse del contexto en el que se producen las grabaciones. En el auto se recuerda que en el grupo parlamentario existía una situación de rivalidad política que enfrentaba principalmente a la portavoz con los otros dos diputados, una dinámica que también se trasladaba a los asesores. Los denunciantes, de hecho, reconocieron que el asesor ahora investigado trabajaba en aquellos momentos “prácticamente en exclusiva” para la portavoz.
De la denuncia inicial al auto que incorpora a la portavoz como investigada
La denuncia se presentó un día después del hallazgo del bolígrafo en el despacho de los asesores del grupo. Los cuatro denunciantes hicieron constar que sospechaban que el dispositivo se había utilizado para grabar de forma subrepticia conversaciones de sus compañeros de despacho, con la finalidad de perjudicarles dada la rivalidad política que ya entonces existía entre los diputados del grupo, según transcribe el auto. El análisis posterior de la memoria del dispositivo concluyó que almacenaba veinticinco audios con distintas conversaciones.
De todas esas grabaciones, en tres se identifica como interlocutores al asesor investigado y a la portavoz, y en ellas ambos se refieren, “sin duda”, al dispositivo, según el relato judicial. A partir de ahí, el magistrado considera que la portavoz conocía la existencia de la grabadora, su uso y, además, manifestó que pretendía obtener con él “grandes cosas”. Todo ello, unido al contexto de enfrentamiento interno y a la relación laboral del asesor con la portavoz, constituye para el instructor “indicios de la posible participación en los hechos investigados” de la citada portavoz.
Por esa razón, el auto concluye que “procede dirigir el procedimiento frente a la misma y tomarle declaración en calidad de investigada”. Hasta este momento, el único imputado en el caso era el asesor Daniel Álvarez, cercano a Díaz, investigado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander como presunto autor de escuchas ilegales en el Parlamento regional. La Justicia ha localizado decenas de grabaciones hechas con el utensilio, aunque no todas tendrían fines políticos, y ha ordenado la transcripción de parte de ellas.
El contexto de la disputa interna en Vox Cantabria
Los hechos se enmarcan en una larga serie de tensiones dentro del grupo de Vox en el Parlamento cántabro. Los dos diputados que figuran como damnificados en la denuncia por las escuchas son Cristóbal Palacio y Armando Blanco, quienes ya en 2024 denunciaron ante la Policía la grabación de conversaciones sin consentimiento por parte de su propio partido, según adelantó entonces El Diario Montañés y confirmaron fuentes de Europa Press. En esa primera denuncia se apuntaba a un asesor que trabajaba para la portavoz como responsable del uso de un aparato con forma de bolígrafo para captar conversaciones en los despachos del grupo.
Con el tiempo, el caso ha ido sumando capas. Además de las sospechas sobre el bolígrafo grabador, han surgido otras líneas de investigación relacionadas con accesos a correos y comunicaciones internas. En paralelo, el grupo ha vivido bajas, cambios de asesores y movimientos internos que reflejan la intensidad de las disputas. En este escenario, la decisión judicial de citar a declarar a la portavoz como investigada supone un nuevo capítulo en una causa que ya ha tenido varios episodios públicos.
Qué ocurre ahora con el auto y qué recursos caben
El auto notificado hoy no es firme. Contra esta resolución cabe interponer un recurso de reforma en un plazo de tres días, o bien un recurso de apelación en cinco días, según se indica en la propia resolución. Esto significa que la decisión de investigar a la portavoz podría ser revisada por el mismo órgano judicial o por la instancia superior, en función del tipo de recurso que se presente y de los argumentos que se esgriman.
Mientras tanto, la causa sigue su curso en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander, con el asesor Daniel Álvarez ya investigado por las escuchas y ahora con la portavoz del grupo parlamentario incorporada al procedimiento en calidad de investigada por su posible participación en los hechos. La Justicia continúa avanzando en el análisis de las grabaciones y en la determinación de los responsables de su uso y difusión, en un caso que ha puesto el foco en las prácticas internas dentro del grupo de Vox en Cantabria.
