La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha criticado este domingo el anuncio del Gobierno de España sobre una supuesta mejora histórica en la financiación de la dependencia y ha sostenido que se trata, en realidad, de una subida parcial e insuficiente que no resuelve el problema de fondo.
Según ha explicado, el Ejecutivo central estaría intentando presentar como un gran avance lo que, a su juicio, no es más que una corrección incompleta de su aportación al sistema. Gómez del Río ha insistido en que el debate no debe centrarse solo en el aumento de una partida concreta, sino en la falta de una financiación real, estable y sostenida en el tiempo.
La consejera ha subrayado que duplicar el denominado nivel mínimo no equivale a cumplir con la obligación legal de financiar el 50% del sistema de dependencia, ya que ese concepto representa únicamente una parte del modelo previsto en la ley. En su opinión, el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez no garantiza por sí solo una cofinanciación equilibrada ni corrige el incumplimiento que, según defiende, arrastra el Estado desde hace años.
Gómez del Río ha asegurado que, en el caso de Cantabria, la deuda acumulada del Estado supera los 115 millones de euros solo en esta legislatura, entre 2023 y 2025, y que más de 40 millones corresponden únicamente a 2025. Ha añadido que, ese mismo año, el Estado debía haber aportado casi 97 millones para alcanzar el reparto al 50%, mientras que la cuantía realmente transferida se quedó en 56,8 millones.
A partir de esas cifras, la consejera concluye que el esfuerzo económico sigue recayendo de manera mayoritaria en las comunidades autónomas, que son las que prestan la atención directa, sostienen los servicios y garantizan el funcionamiento cotidiano del sistema. En el caso de Cantabria, ha defendido, ha sido el propio Gobierno regional el que ha tenido que asumir con recursos propios una parte del gasto que no cubría la Administración General del Estado.
La titular de Inclusión Social ha recalcado además que el incremento anunciado no se traduce automáticamente en una mejora de las prestaciones para las personas dependientes, sino que sirve, sobre todo, para aliviar parcialmente el agujero financiero que, a su juicio, ha generado la falta de cumplimiento estatal. Ha afirmado que la comunidad ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario durante años, incluso renunciando a inversiones en otros ámbitos prioritarios.
Otro de los argumentos que ha esgrimido el Ejecutivo cántabro es la ausencia de una planificación económica creíble que garantice la sostenibilidad futura del sistema. Gómez del Río ha advertido de que el real decreto no fija una senda plurianual, no asegura financiación más allá de 2026 y no recoge, según ha dicho, un compromiso real con el objetivo de financiación al 50%.
Desde el Gobierno de Cantabria se insiste en que cualquier aumento de fondos es positivo, pero se reclama claridad, rigor y compromisos verificables. A su juicio, la dependencia no puede sostenerse sobre anuncios políticos ni sobre previsiones sin respaldo presupuestario, sino sobre una financiación suficiente, estable y transparente.
Gómez del Río ha cerrado su valoración reclamando al Estado el cumplimiento efectivo de su parte en la financiación, una memoria económica detallada y plurianual y un compromiso presupuestario sostenido en el tiempo. En su opinión, los derechos sociales no pueden quedar en manos de la propaganda, sino que necesitan una base financiera real para poder garantizarse.
