El comité de empresa de MARE —integrado por SIEP, CCOO, USO y UGT— ha denunciado este martes la paralización de la negociación del nuevo convenio colectivo en la empresa pública dependiente del Gobierno de Cantabria, que cuenta con una plantilla cercana a las 300 personas. Según han señalado, el proceso quedó en punto muerto tras no celebrarse la reunión prevista para el pasado 5 de mayo, que debía suponer el inicio de los contactos formales y que, aseguran, nunca llegó a materializarse.
En paralelo, la representación sindical ha mostrado su rechazo a la Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo (MSCT) que la dirección está promoviendo en el servicio de recogida selectiva. Entre las medidas planteadas figuran jornadas que alcanzarían las 9,5 horas íntegramente en horario nocturno, así como la inclusión de trabajo ordinario en sábados y festivos.
A juicio del comité, este planteamiento supone un “desequilibrio horario” con impacto directo en la salud laboral, especialmente en un puesto considerado de riesgo como es el de conductor, y choca con los principios de conciliación. Los sindicatos advierten además de que la empresa no contempla compensaciones suficientes para el trabajo nocturno prolongado, ni mediante coeficientes correctores ni a través de retribuciones acordes, y sostienen que se intenta paliar la falta estructural de personal a costa de incrementar la carga sobre la plantilla.
En este contexto, lamentan que, una vez superada la mitad del periodo de consultas abierto por la MSCT, no se haya presentado una propuesta que consideren viable desde el punto de vista organizativo, ambiental y humano. Critican que no se incorporen medidas vinculadas a la sensibilización o la mejora del servicio y que, en su lugar, se plantee una intensificación de la actividad que, según indican, busca trasladar una imagen de eficacia sin abordar los problemas de fondo.
El comité sostiene que la empresa no está valorando adecuadamente los riesgos asociados a un cambio de esta envergadura en los turnos y jornadas, y apunta que ya se ha presentado una segunda propuesta tras las objeciones planteadas a la inicial. En todo caso, consideran que la insistencia en negociar este servicio al margen del convenio colectivo “no genera confianza” en el proceso global que debería afectar al conjunto de la plantilla.
Los representantes de los trabajadores subrayan asimismo que, según la documentación facilitada por la propia empresa, persisten déficits estructurales como dificultades para cubrir vacantes, problemas organizativos o falta de personal en distintos servicios, cuestiones que —recuerdan— llevan años denunciándose sin que se hayan adoptado soluciones de calado.
En este sentido, critican que durante el periodo de consultas no se haya entregado toda la información solicitada, lo que, a su juicio, dificulta analizar las causas alegadas por la dirección y valorar alternativas. “Se pretende avanzar en cambios de gran alcance sin disponer de todos los datos necesarios”, han advertido.
El comité también pone el foco en otros factores que, en su opinión, agravan la situación: el envejecimiento de parte de la flota, con vehículos que superan los veinte años de antigüedad; la elevada temporalidad en determinados servicios como los puntos limpios; o las dificultades recurrentes para encontrar conductores y cubrir determinados puestos.
A ello suman las ampliaciones de servicio asumidas en los últimos años, las reorganizaciones internas y la presión operativa creciente para garantizar la prestación de un servicio público esencial en los municipios cántabros, en un contexto que, según indican, no ha ido acompañado de los recursos necesarios.
Cabe recordar que la mesa negociadora del convenio colectivo se constituyó oficialmente el pasado mes de abril, tras más de quince años sin renovación. Entonces se anunció una primera reunión para el 5 de mayo que, según denuncian los sindicatos, nunca llegó a celebrarse, por lo que a día de hoy no se ha producido ningún encuentro efectivo para abordar la actualización de las condiciones laborales.
Ante esta situación, el comité de empresa ha convocado una asamblea parcial para el próximo miércoles, 17 de junio, en la que se analizará el estado de la negociación y se valorará la puesta en marcha de un calendario de movilizaciones u otras medidas.
Pese a las críticas, la representación sindical asegura mantener su disposición al diálogo, aunque condiciona cualquier avance a que exista una negociación “real”, con acceso completo a la información y con el estudio previo de alternativas que permitan corregir los problemas estructurales de la empresa sin trasladar sus efectos exclusivamente a la plantilla.
