La diputada del PRC y candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha reclamado este martes al Gobierno autonómico que acelere los trámites para poner en marcha la deducción fiscal destinada a compensar el impacto de la nueva tasa de residuos urbanos, conocida como ‘tasazo’, y ha fijado el mes de julio como fecha límite para que el Ejecutivo dé pasos efectivos en esa dirección.
La regionalista ha trasladado esta exigencia tras la respuesta ofrecida en el último Pleno del Parlamento por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que a su juicio evidenció una “ausencia de concreción” sobre el desarrollo de esta medida acordada en el marco de los Presupuestos de Cantabria para 2026. Según ha señalado, la contestación de la jefa del Ejecutivo no despejó las dudas sobre el calendario ni sobre las actuaciones ya realizadas para hacer efectiva la deducción.
La medida, impulsada por el PRC en la negociación presupuestaria, contempla una deducción de 100 euros vinculada a actuaciones medioambientales y tiene como objetivo mitigar el incremento de la carga fiscal derivado de la implantación de la nueva tasa de gestión de residuos. Fernández Viaña ha incidido en que este compromiso formó parte del acuerdo que permitió sacar adelante las cuentas autonómicas, por lo que considera imprescindible su desarrollo en tiempo y forma.
En este sentido, ha discrepado de las explicaciones ofrecidas por Buruaga en sede parlamentaria, al subrayar que la aplicación de la deducción no depende de la ejecución del presupuesto de gastos, sino de una modificación normativa en el ámbito tributario. Un proceso que, ha recordado, requiere de una tramitación reglada y que debe iniciarse con suficiente antelación para que la medida pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027.
Fernández Viaña ha advertido de que la falta de avances en las próximas semanas podría poner en riesgo el cumplimiento del acuerdo. “Si llegamos a julio sin una planificación clara, me temo que no se hará nada”, ha señalado, al tiempo que ha apelado a la “responsabilidad” de la presidenta para evitar que este compromiso quede en papel mojado.
Además, ha puesto el foco en la necesidad de definir cuanto antes las actuaciones medioambientales a las que estará vinculada la deducción, ya que su desarrollo implicará la participación de los ayuntamientos. A su juicio, tanto las entidades locales como los propios ciudadanos necesitan conocer con antelación los requisitos y condiciones para poder acogerse a la medida.
Por todo ello, la diputada regionalista ha instado al Ejecutivo a “no demorar más” la puesta en marcha de este proceso y a establecer, en colaboración con los municipios, las bases que permitan aplicar la deducción fiscal dentro de los plazos previstos.
