Este martes decaeron las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Vox al proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria elaborado por el Gobierno del PP. Ambas enmiendas solo contaron con los votos de sus respectivos grupos: los socialistas rechazaron la de Vox y los de Vox la de los socialistas, mientras el PP y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio votaron en contra en los dos casos. El PRC se abstuvo al entender que, aunque el proyecto es “insuficiente” y “poco ambicioso”, “Cantabria necesita esta ley”.
Los socialistas pedían la devolución de la normativa por considerar que no da “ninguna respuesta” a los problemas de acceso a vivienda digna y accesible: “faltan herramientas de protección social, no declara zonas tensionadas, no regula viviendas vacías ni moviliza la ampliación del parque público”. Vox, por su parte, denunció que el proyecto “no ofrece soluciones al 80% de los problemas” de acceso, “ni apoya al sector privado, ni garantiza seguridad frente a la okupación e inocupación, ni contempla compromisos presupuestarios para desarrollar vivienda pública”.
El consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), criticó la “incoherencia absoluta” de ambos partidos. De los socialistas dijo que siguen con políticas “que son un fracasa” y son “incapaces de aceptar sus errores”. De Vox censuró su “dinámica del no a todo” sin presentar “ni una sola iniciativa útil”. “¿Quién nos lo iba a decir cuando empezamos esta legislatura? Vox y el PSOE de la manita oponiéndose a todo”, ironizó Media.
Media subrayó que la política de vivienda es “absolutamente estratégica” para el Gobierno y que “necesitamos esta ley para avanzar”. Reiteró que la solución “no pasa por declarar zonas tensionadas, que este Gobierno no va a hacer, sino por aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad”. Entre las medidas del texto destacó los protocolos de desalojo inmediato en caso de okupación flagrante, la oficina de apoyo a víctimas de okupación, asistencia jurídica a propietarios y medidas sociales para alternativas habitacionales en situaciones de vulnerabilidad. También establece que quienes tengan resoluciones judiciales o administrativas por okupación ilegal en los últimos cinco años no podrán beneficiarse de ayudas, con multas de hasta 90.000 euros.
PRC: “Deben dar la vuelta a esta ley”
El PRC no apoyó las enmiendas a la totalidad al considerar que “Cantabria necesita esta ley”, aunque aclaró que no defiende “ni el enfoque ni el contenido” actual. Paula Fernández declaró que el texto es “claramente insuficiente” y “poco ambicioso” y lanzó un mensaje al Gobierno: “Deben recapacitar e ir pensando en dar la vuelta a esta ley de verdad si quieren que se apruebe en este Parlamento”. “El PRC no apoyará esta ley en su aprobación si no se producen cambios profundos durante la tramitación. Apoyaremos una ley valiente, ambiciosa y real”, afirmó.
El PSOE calificó la ley de “nefasta”. Mario Iglesias lamentó que el documento “omite” la regulación de vivienda vacía y “renuncia” a declarar zonas tensionadas, perdiendo mecanismos de contención de precios y ampliación del parque de alquiler. “El PP no quiere estas herramientas”, dijo, y acusó al Gobierno de no ver la vivienda “como un derecho sino como un auténtico negocio”. Para el diputado socialista, “Cantabria necesita exactamente lo contrario” y el proyecto “no responde a la realidad” porque los populares “no escuchan a nadie y menos dialogan”.
Vox considera el texto “altamente ineficaz” ya que “solo plantea soluciones al 20% de los problemas”. Armando Blando indicó que la ley “no contempla” programas para facilitar acceso al suelo ni impulsa vivienda libre, no soluciona la “falta de seguridad jurídica” frente a okupación e inquiokupación, y no establece “ningún compromiso presupuestario para construcción de vivienda pública”. Para Vox, el enfoque ante la okupación es “blando e insuficiente” y solo protege a propietarios que entregan su vivienda al Fondo del Alquiler Social, dejando desprotegido al resto del mercado libre de alquiler.
Por otro lado, los cuatro grupos con representación en el Parlamento de Cantabria —PP, PRC, PSOE y Vox— unieron sus votos este lunes para exigir al Ejecutivo autonómico un incremento de la financiación para el sistema de dependencia y una mejora sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, incluyendo ayuda a domicilio.
La iniciativa, impulsada inicialmente por el PRC y enriquecida con modificaciones pactadas con PSOE y Vox, fue aprobada por unanimidad en el Pleno. El texto reclama actualizar los salarios del sector en función de “indicadores reales del coste de la vida”, eliminando la referencia actual al PIB que, según los diputados, frena las mejoras retributivas. Además, se insta al Gobierno del PP a redactar pliegos de contratación que eviten la adjudicación de contratos en “baja temeraria”, que perjudican a las trabajadoras y deterioran la calidad del servicio. También se pide la realización de auditorías periódicas para evaluar las condiciones laborales, en un sector donde la mayoría de empleados son mujeres y que, según el PRC, muestra “síntomas evidentes de agotamiento estructural”.
Durante el debate, varios portavoces señalaron la “precariedad” que sufren los profesionales de la dependencia y defendieron la necesidad de “dignificar” sus condiciones. El diputado del PP Alejandro Liz, aunque apoyó la iniciativa, reprochó al PRC pintar un “panorama desolador” que, en su opinión, no se corresponde con la realidad. Liz defendió la gestión del Gobierno regional en la materia y criticó al Ejecutivo central por no cumplir con la aportación comprometida al sistema.-lg
El texto también subraya que algunas cuestiones dependen de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, campo en el que el Gobierno “no puede entrometerse”. “Si las partes negocian un convenio mejor, el Gobierno de Cantabria lo aplicará encantado”, afirmó Liz.
Plan de salud bucodental con plazos concretos
En otro asunto aprobado en el Pleno, Vox, PRC y PSOE apoyaron una iniciativa que concede tres meses al Gobierno regional para presentar un plan plurianual de higiene bucodental con distribución anualizada hasta 2029. El plan debe incluir el incremento previsto de profesionales, su implantación territorial y la dotación presupuestaria.
La propuesta original partió de Vox y fue ampliada con una enmienda del PRC. La diputada de Vox Natividad Pérez criticó que el consejero de Salud, César Pascual (PP), hubiera planteado un “horizonte difuso” de tres años sin compromisos presupuestarios reales, mientras vecinos de Liebane, Nansa o Cartes sufren “déficit asistencial y de personal real”.
Paula Fernández (PRC) defendió que “la salud bucodental es salud pública, no un complemento estético” y alertó de “fuerte desigualdad territorial” con ratios insuficientes en algunas áreas sanitarias y ausencia de cobertura preventiva en zonas rurales. También denunció demoras en tratamientos complejos y la necesidad de adaptar la cartera pública a una sociedad cada vez más envejecida.
El PSOE apoyó la iniciativa al considerarla “buena para toda la ciudadanía”, aunque proceda de Vox. Miguel Ángel Vargas (PP) replicó que el Gobierno ya está trabajando en ello y llamó a la oposición a proponer temas que “no se estén abordando”, asegurando que “les va a costar encontrarlo”.
La iniciativa también obliga al Ejecutivo a presentar en comisión un calendario sobre las unidades móviles que este verano acudirán a residencias de mayores, evitar la saturación de la Unidad de Liencres con plazas fijas de técnicos superiores, remitar en seis meses el plan de choque de ortodoncia compleja y reorganizar los circuitos de derivación entre Atención Primaria y el Hospital de Liencres. Gracias al PRC, se añade un sexto punto exigiendo un informe sobre la situación de la salud bucodental en Cantabria en el mismo plazo.
Fracasa la iniciativa para inventariar bienes inmatriculados por la Iglesia
No avanzó, en cambio, la proposición del PSOE para elaborar un inventario autonómico de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Cantabria que amplíe el listado estatal de 2021, especialmente los inscritos tras 1978. La medida, apoyada por el PRC pero rechazada por PP y Vox, también proponía asistencia jurídica a ayuntamientos que quieran reclamar estos bienes.
Mario Iglesias (PSOE) defendió que “el patrimonio de Cantabria pertenece a todos” y solicitó que estos bienes “sean devueltos a la esfera pública”. Pedro Hernando (PRC) animó a los socialistas a incluir una disposición adicional en la futura ley de patrimonio de Cantabria. Liz (PP) habló de “memoria” y recordó bienes de patrimonio religioso que el Estado “se quitó a la Iglesia” en el pasado. Leticia Díaz (Vox) denunció que la iniciativa “criminaliza indiscriminadamente” las inscripciones eclesiásticas.
