El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha solicitado al Gobierno de España la creación de un grupo de trabajo específico para abordar la situación de Nestlé y tratar de preservar el empleo en Cantabria, en un contexto marcado por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía.
Según ha trasladado el Ejecutivo autonómico, la propuesta pasa por articular una respuesta “común, coordinada y eficaz” entre el Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo —en su condición de autoridad laboral— y la propia empresa, con el fin de analizar el expediente con toda la información disponible y buscar fórmulas que permitan sostener la actividad industrial y el empleo en la planta de La Penilla de Cayón.
Arasti ha defendido que, al tratarse de un ERE que afecta a varias comunidades autónomas, la intervención del Ministerio de Trabajo resulta imprescindible, ya que es el departamento que dispone de la información completa sobre el procedimiento. En ese sentido, ha subrayado la necesidad de que la autoridad laboral pueda despejar las dudas que existan dentro del marco de confidencialidad exigido por el proceso.
El consejero ha puesto el acento en que el objetivo prioritario del Gobierno regional es mantener los puestos de trabajo en la fábrica cántabra, a la que ha calificado como una instalación estratégica para la industria de la comunidad y con un fuerte arraigo en la comarca. La planta de La Penilla de Cayón, ha recordado, forma parte del tejido productivo de referencia en Cantabria y su continuidad es una cuestión de especial relevancia económica y social.
En paralelo, el departamento que dirige Arasti ha intensificado los contactos con el Ministerio de Industria a través del comisionado especial de Reindustrialización, Jaime Peris, con quien se ha planteado la constitución formal de ese grupo de trabajo. La idea es que en ese foro estén representadas las administraciones implicadas y la empresa, de modo que se pueda avanzar en una solución compartida ante un expediente que, según el Gobierno, tiene un impacto territorial y social indudable.
El Ejecutivo cántabro sostiene además que, para asegurar la competitividad futura de la planta, sería necesario respaldar las inversiones que Nestlé deba acometer, pero siempre con una condición clara: que esas inversiones estén vinculadas de forma efectiva al mantenimiento del empleo. Esa vinculación resulta, a juicio de la Consejería, especialmente importante al no responder el expediente a causas económicas.
Arasti ha insistido en que la prioridad del Gobierno autonómico es defender el empleo industrial, preservar la actividad productiva y actuar con responsabilidad institucional, manteniendo una coordinación leal con el Gobierno central. En esa línea, ha recalcado que el propósito del grupo de trabajo sería dar una respuesta global desde las administraciones públicas a un conflicto laboral con repercusión más allá de Cantabria.
La petición del consejero se produce después de los primeros contactos mantenidos con la dirección de la compañía y con el comité de empresa de la fábrica de La Penilla, en los que el Gobierno regional ya trasladó su apoyo a la plantilla y su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones. El ERE anunciado por Nestlé afecta a varias plantas en España y plantea 49 despidos en la instalación cántabra, dentro de un ajuste de mayor alcance en el conjunto del país.
