Los representantes sindicales de Aguas Torrelavega —UGT, USO y CCOO— han pedido por tercera vez la destitución de Blanca Rosa Gómez Morante como presidenta de la empresa municipal, así como la dimisión del concejal de Economía, Hacienda y Aguas, Pedro Pérez Noriega, y del alcalde, Javier López Estrada. Los sindicatos sostienen que la gestión actual está generando “malas prácticas” que perjudican tanto a la plantilla como a la ciudadanía.
Según han denunciado, no se están realizando los cobros de los recibos del agua en vía ejecutiva porque el Ayuntamiento no los está emitiendo, una situación que, aseguran, está provocando la pérdida de 400.000 euros en recaudación. Además, advierten de que esta fórmula impide a los vecinos efectuar los pagos en tiempo y forma y también les dificulta solicitar las bonificaciones municipales asociadas al recibo del agua, lo que puede terminar acumulando deuda que, en última instancia, se concentrará en un único recibo.
La representación sindical también ha reprochado que no se estén cumpliendo los acuerdos alcanzados en la negociación del convenio, ratificados en el acta del 20 de febrero de 2026 y firmados por Blanca Rosa Gómez Morante, Pedro Pérez y los sindicatos UGT, USO y CCOO. En ese marco, denuncian que el Plan de Igualdad ha sido la única medida impulsada con continuidad por la presidencia de Aguas Torrelavega y que, desde su implantación en 2024, no se ha celebrado ninguna reunión de seguimiento, pese a que estaba prevista cada seis meses.
Los sindicatos subrayan también que, en los dos años y medio en que Blanca Rosa Gómez Morante ha estado al frente de la sociedad, los recibos de agua y alcantarillado han subido en 1.144.000 euros. De esa cantidad, 816.000 euros correspondieron a 2024, 328.000 a 2025 y otros 116.000 al incremento aprobado para 2026, una escalada que, según la representación laboral, no ha tenido reflejo en los salarios de la plantilla porque el convenio colectivo sigue caducado desde 2020 y su negociación permanece bloqueada.
El activo sindical ha criticado además el coste del puesto político asignado a la presidencia, cifrado en 200.000 euros del presupuesto de la empresa, al entender que no ha servido para mejorar la gestión. En su opinión, se trata de la primera presidenta del consejo de administración de Aguas Torrelavega que percibe una remuneración por el cargo y, aun así, “por no hacer nada”.
