LLa presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha reforzado su discurso crítico contra el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, aseverando que la comunidad autónoma “no está entre las prioridades” del Ejecutivo central. En su intervención en el Pleno parlamentario, la jefa del Ejecutivo autonómico ha reprochado a los socialistas que, a pesar de acumular casi dos décadas al frente de la política regional, no hayan impulsado de forma concluyente algunos de los principales proyectos comprometidos a escala estatal, que, según ha señalado, siguen “en el cajón” sin calendario claro.
Buruaga ha enumerado cuestiones como los trenes de Cercanías, la llegada de la alta velocidad o la autovía Aguilar‑Burgos, que, en su valoración, carecen de un cronograma definido y de la urgencia que, a su juicio, merecen para la conectividad y el desarrollo de la región. Desde esa perspectiva, ha concluido que “la verdad es que Cantabria no está entre las prioridades de Pedro Sánchez sencillamente porque no necesita nuestros votos para mantenerse en el poder”, en un mensaje que profundiza la estrategia de confrontación con el PSOE y el Ejecutivo de Sánchez.
En paralelo, la presidenta ha reivindicado la labor de su Gobierno frente a lo que describe como un “bajo nivel de acción” del Partido Popular, a la vez que descarta haber repetido lo hecho en la legislatura anterior. En este contexto, ha reafirmado su compromiso con una gestión centrada en los servicios públicos, la economía y la cohesión territorial, frente a lo que califica como “políticas de confrontación” que, en su opinión, no responden a los intereses reales de la ciudadanía cántabra.
En el ámbito urbanístico y turístico, Buruaga ha incidido en el futuro esquema de viviendas de uso turístico, avanzando que el proyecto de ordenación territorial del Gobierno de Cantabria permitirá que, en algunos municipios, la mitad de las viviendas tengan carácter temporal, es decir, destinadas a uso turístico o como segunda residencia sin empadronamiento. Esta previsión se enmarca en el borrador del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que dibuja un marco poco restrictivo en determinadas zonas catalogadas como “vocación turística”, donde se fija la barrera del 50% frente al 25% general para el resto de la geografía regional.
La presidenta ha argumentado que este diseño busca equilibrar la actividad turística con la preservación de la vivienda susceptible de empadronamiento, limitando la autorización de nuevas viviendas de uso temporal cuando el parque de viviendas pueda considerarse saturado. En esa línea, ha subrayado que la normativa autonómica sobre viviendas de uso turístico, que no impone un tope numérico único, deja en manos de los ayuntamientos la capacidad de establecer limitaciones concretas, dentro de un marco de equilibrio entre demanda turística, mantenimiento del tejido residencial y capacidad de servicios públicos de cada localidad.
Altamira, al Parlamento
En la misma sesión, el Pleno ha aprobado instar al Gobierno de Cantabria a remitir en un plazo de dos meses toda la documentación existente sobre el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del centro de datos Altamira, previsto entre Piélagos y Villaescusa y con una inversión privada anunciada de 3.600 millones de euros. La iniciativa ha partido del PRC y ha contado con el respaldo del PSOE y de Vox, mientras que el PP y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio la han rechazado.
El texto aprobado reclama información detallada sobre consumo energético, necesidades de red eléctrica, aportación de agua, aprovechamiento del calor residual, empleo directo e indirecto, cualificación de los puestos de trabajo, impacto económico, accesibilidad al empleo y origen y destino de los datos que se almacenarían o procesarían. Pedro Hernando, portavoz regionalista, ha denunciado que no han recibido “ni un solo dato” y ha sostenido que no se ha visto “ni un solo avance” en un proyecto que ha calificado de ficticio.
Desde el PSOE, Ana Belén Álvarez ha defendido que pedir esa documentación no supone obstaculizar la inversión, sino actuar con rigor, transparencia y seguridad jurídica. Vox, por su parte, ha reclamado claridad ante un proyecto que considera paralizado y ha advertido de que los recursos asociados, como el agua y la energía, no pueden quedar comprometidos sin garantías suficientes.
Estatuto del Mayor
El Parlamento también ha respaldado otra iniciativa, en este caso para pedir al Gobierno regional que presente el Estatuto del Mayor antes de que termine 2026. La propuesta ha salido adelante con los votos de PP, PRC y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido, tras debatirse enmiendas de los distintos grupos.
Durante la defensa de la moción, Vox ha criticado que este texto siga sin materializarse pese a haber sido anunciado como una prioridad por la presidenta Buruaga. El PP, en cambio, ha defendido que el actual marco presupuestario y normativo permitirá seguir avanzando en medidas dirigidas a las personas mayores y ha rechazado que exista una falta de compromiso real con ese colectivo.
Un Pleno tenso
La sesión parlamentaria ha dejado así un nuevo cruce de reproches entre Gobierno y oposición, con el PSOE y el PRC marcando distancias frente a la gestión del Ejecutivo autonómico en asuntos de calado político y económico. Buruaga ha tratado de situar el foco en la falta de respaldo del Gobierno de Sánchez a Cantabria, mientras la oposición ha insistido en exigir información, calendario y garantías sobre varios de los grandes anuncios de la legislatura.
El debate ha estado atravesado por el tono político habitual de los últimos plenos, con referencias cruzadas a la inversión estatal, a la transparencia administrativa y al peso de los principales proyectos pendientes en la comunidad. En ese contexto, Altamira y el Estatuto del Mayor han vuelto a colocarse en el centro de la discusión parlamentaria, junto al intercambio de acusaciones entre PP, PSOE, PRC y Vox.
