La iniciativa Cantabria Para Vivir, espacio común de un amplio mosaico de colectivos cántabros, ha vuelto a reunirse para reactivar una dinámica de movilizaciones conjuntas contra el modelo de desarrollo promovido por el Gobierno regional, con una nueva manifestación fijada para el 6 de junio en las calles de Santander. La plataforma, integrada por movimientos vecinales, asociaciones de defensa del medio ambiente, sindicatos, grupos feministas, cooperativas, ONG y otras organizaciones sociales, había impulsado ya concejos abiertos en municipios como Cabezón de la Sal y Laredo, así como protestas contra el teleférico de la Vega de Pas, frente a los llamados marcos turistificadores en los valles de Carriedo y Cabuérniga, y la gran movilización del 28 de julio de 2024 en Puente San Miguel (Reocín).
Desde estos espacios de debate, los colectivos sostienen que el actual modelo turístico‑urbanístico no responde a las necesidades de la población cántabra, sino que se orienta a la sobreexplotación del territorio, la sobreocupación de infraestructuras y la creciente presión sobre la vivienda. En su diagnóstico, señalan la necesidad de avanzar hacia una economía más productiva, diversificada y con soberanía alimentaria, que primara la agroecología, la ganadería sostenible y la producción local sobre el monocultivo del turismo de masas.
En el plano turístico, la plataforma exige un modelo sostenible, compatible con la conservación de la riqueza cultural y de los ecosistemas naturales, que evite la mercantilización del territorio y la degradación de espacios que hasta ahora se han mantenido en buen estado de conservación. Asimismo, reclaman la garantía de servicios públicos de calidad en sanidad, educación, transporte, dependencia y otros sectores sociales, que se ven deteriorados por recortes, externalizaciones y transferencias poco controladas, en un contexto de constantes movilizaciones en defensa de la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales y la transitabilidad.
Los movimientos que integran Cantabria Para Vivir denuncian que, lejos de corregir esa deriva, la política del Gobierno regional profundiza en el modelo actual. Mencionan, por ejemplo, la ausencia de medidas efectivas para frenar el disparado mercado de la vivienda, en el que el alquiler se ha convertido en un elemento de expulsión para gran parte de la población joven y trabajadora. También señalan el hundimiento de los precios de la leche, la sucesión de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y la falta de instrumentos sólidos para la industrialización y la creación de empleo estable, así como la prórroga de la pandemia de apartamentos turísticos sin licencia, que se siguen utilizando como viviendas mientras escasea el parque residencial tradicional.
Otro de los puntos de crítica es el incumplimiento sistemático de los compromisos derivados de la Inspección de Turismo, así como la tramitación de planes directores turísticos que, según su lectura, vulneran el propio objeto de estos instrumentos planificadores y favorecen la expansión de infraestructuras turísticas sin una evaluación rigurosa de sus efectos sobre el territorio. Además, denuncian la urbanización de suelo rústico, a menudo con fines turísticos, que altera ecosistemas de especial sensibilidad y dificulta la gestión sostenible de la agricultura y el pastoreo, además de agravar la impermeabilización y la fragmentación del paisaje.
En el contexto más amplio, la sanidad, la educación, los servicios sociales y el transporte se han visto sacudidos por reformas, externalizaciones o reestructuraciones que, en opinión de la plataforma, generan una degradación de la calidad de los servicios y de la atención a la ciudadanía. Sobre la gestión de la obra pública, la crítica alcanza casos de escándalos de corrupción, la polémica urbanización de la zona de Reocín o la instalación de polígonos eólicos en entornos de alta sensibilidad, controlados muchas veces sin una participación ciudadana previa ni una evaluación ambiental plenamente integrada.
Frente a este escenario, Cantabria Para Vivir acusa a la presidencia regional de María José Sáenz de Buruaga y a la vicepresidencia de Gonzalo Capellán de intentar “pisar el acelerador” en el tramo final de la legislatura, con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo que, en su opinión, podría aproximar a Cantabria a un punto de no retorno, en el que la hija que hoy se venden como progreso resulten muy difíciles de revertir a medio plazo. En este contexto, la plataforma considera que las instituciones se desvinculan de la demanda ciudadana más amplia y se orientan, en mayor medida, a interessi privados y lógicas de mercado, antes que a la defensa del interés general y la salud democrática del territorio.
Por todo ello, los colectivos que conforman Cantabria Para Vivir han decidido recuperar la estrategia de movilizaciones coordinadas, después de las experiencias previas en Puente San Miguel y en distintos municipios de la región. La nueva fase culminará con una manifestación programada para el 6 de junio en Santander, que pretende reclamar de forma simultánea un cambio de rumbo en el modelo turístico, la protección de la vivienda, la defensa de los servicios públicos, la transición energética y la gestión sostenible del territorio, frente a una política que, en su valoración, se ha orientado a la intensificación de la sobreexplotación y la privatización de los bienes comunes.
