Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria, ha manifestado que, de depender de él la decisión sobre los tres funcionarios de la Demarcación de Costas investigados por la tragedia de la pasarela de El Bocal, actuaría con claridad para preservar el prestigio de las instituciones públicas y garantizar su defensa con plenas garantías. Aunque Costas responde directamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), sin integración en la estructura de la Delegación, Casares subraya mecanismos estatales de control y supervisión.
Contexto judicial de la ampliación de imputaciones
La jueza instructora ha extendido este martes la acción penal a un tercer funcionario de Costas, elevando a tres los responsables por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave en el colapso de la pasarela costera de El Bocal, ocurrido el pasado marzo en Santander. El derrumbe causó la muerte de seis estudiantes y heridas a otra joven, motivando una investigación exhaustiva sobre autorizaciones y controles previos.
Casares ha respondido así a preguntas de la prensa, enfatizando que la Abogacía del Estado no interviene en estos casos individuales. El Gobierno de España (PSOE-Sumar) se compromete a esclarecer la verdad y depurar responsabilidades técnicas y políticas para prevenir recurrencias, priorizando el interés general.
Garantías administrativas y mecanismos de supervisión
Ante interrogantes sobre el rigor técnico en decisiones de Costas, el delegado ha recordado los protocolos de la Administración General del Estado, culminando en la Dirección General de la Costa y el Mar, que fiscaliza todas las actuaciones territoriales. Si ostentara responsabilidad directa, su prioridad sería defender el labor de las administraciones públicas, alineando cualquier medida con transparencia y eficacia.
Casares ha insistido en que el objetivo primordial radica en depurar responsabilidades para evitar tragedias similares en Cantabria, sin prejuzgar procedimientos judiciales en curso. Esta postura refleja el equilibrio entre presunción de inocencia y accountability institucional ante escándalos de esta magnitud.
La declaración se produce en un momento de escrutinio público sobre la gestión de infraestructuras costeras, donde la delegación territorial del MITECO enfrenta presiones por presuntas omisiones. Casares mantiene que los sistemas de control existentes aseguran decisiones ajustadas a normativa, respaldadas por inspecciones superiores.
