La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha ordenado adelantar el desalojo completo de la sede de la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS), ubicada en el edificio de Santillana, debido a grietas de diversa consideración y vibraciones intensas provocadas por la maquinaria pesada empleada en la demolición de la Residencia Cantabria, situada en el complejo hospitalario de Valdecilla.
La decisión responde a alertas sindicales acumuladas desde principios de abril, cuando Comisiones Obreras (CCOO) denunció el 10 de abril posibles riesgos estructurales en el edificio en derribo tras detectar fisuras en la fachada norte el 8 de abril, lo que obligó al corte preventivo de la carretera adyacente por temor a colapso. UGT, por su parte, reclamó el 17 de abril la evacuación inmediata de todo el personal —181 trabajadores en servicios como informática, farmacia, registro, cuidados paliativos y asistencia sanitaria—, tras quejas de afiliados en la quinta planta por sacudidas continuas.
Técnicos del SCS y de la empresa constructora han evaluado el edificio sin hallar daños graves en la estructura principal, pero las vibraciones generadas por retroexcavadoras, bulldozers, cargadoras, dumpers y camiones han motivado la reubicación acelerada. Ya se han trasladado 100 profesionales, con los restantes saliendo en los próximos días hacia el edificio Lagunilla, alquilado provisionalmente, priorizando plantas baja, primera y tercera aún ocupadas.
El gerente del SCS, Luis Carretero, ha insistido en que «no existe riesgo estructural» según informes periciales, pero la medida responde a la «incomodidad» y preocupación del personal, garantizando la continuidad operativa sin interrupciones en la gestión sanitaria regional. La demolición, impulsada por Fomento para reurbanizar la zona, avanza con maquinaria pesada que transmite ondas al terreno y edificios colindantes, pese a no haber trabajadores en la Residencia propiamente dicha.
CCOO, a través de la delegada de Prevención Marga Rozas, ha exigido evaluaciones urgentes por un técnico competente y máxima transparencia sobre medidas preventivas, ante posibles daños en cimentaciones, vigas y pilares. UGT, con Fernando Carmona al frente, considera su intervención «clave» para forzar la respuesta, invocando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
ATI también ha denunciado el 15 de abril la permanencia de trabajadores pese a «riesgo grave e inminente», sumándose a la presión sindical que ha precipitado el desalojo. La situación ha alcanzado un «punto crítico», con empleados percibiendo vibraciones que generan angustia, especialmente en plantas altas.
Sanidad confirma que el traslado completo se completará antes de fin de mes, minimizando exposiciones mientras prosiguen las obras. El edificio Lagunilla, equipado para funciones administrativas, asegura la operatividad de servicios esenciales como el registro y farmacia hospitalaria.
La demolición de la Residencia, un proyecto largamente anunciado, ha suscitado controversias desde su inicio por impactos en infraestructuras vecinas. CCOO ha reclamado protocolos de emergencia y comunicación inmediata con la representación laboral, mientras la dirección facultativa del proyecto evalúa circunstancias diarias.
Precedentes en Santander, como desahucios por reformas en el centro o derribos en el Cabildo de Arriba, ilustran tensiones entre obras urbanas y seguridad en edificios habitados o ocupados. Aquí, la proximidad al complejo de Valdecilla eleva la sensibilidad, dada su relevancia sanitaria.
La Consejería enfatiza que el inmueble afectado está vacío de personal en su interior, pero la cautela prevalece ante vibraciones inducidas. Sindicatos mantienen vigilancia para garantizar cumplimiento pleno del desalojo y evaluaciones independientes si persisten dudas.
