El Gobierno de Cantabria destinará más de 2,1 millones de euros a un ambicioso proceso de reforma y mejora de los ocho partidos judiciales de la Comunidad Autónoma, calificado por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, como la inversión más significativa de la historia regional en materia de justicia. Esta partida presupuestaria, ya incorporada en las cuentas autonómicas previstas para aprobación parlamentaria el 27 de abril, financiará tanto obras de rehabilitación en las sedes judiciales como la adaptación del sistema de gestión procesal Vereda a la nueva estructura organizativa impuesta por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Origen y alcance del Pacto de Justicia
La iniciativa responde al Pacto de la Justicia acordado en julio de 2024 entre el Ejecutivo autonómico y los agentes del sector, que estableció las bases para reorganizar los partidos judiciales y elevar la eficiencia del servicio público judicial en Cantabria. Desde el 1 de julio de 2025, siete de estas demarcaciones —Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Torrelavega y San Vicente de la Barquera— han transitado hacia el modelo de Tribunales de Instancia, asistidos por una única oficina judicial compartida que optimiza recursos humanos y materiales. Santander, como partido judicial de mayor volumen, mantendrá temporalmente su configuración hasta finales de 2025, completando así la implantación plena de la reforma nacional en todo el territorio regional.
Urrutia realizó este anuncio durante una visita institucional al Tribunal de Instancia de Laredo, acompañada por el alcalde de la villa, Miguel González, para evaluar in situ las deficiencias infraestructurales y operativas del inmueble. En este contexto, la consejera subrayó el compromiso del Gobierno con la modernización judicial, recordando las inversiones previas en digitalización del Registro Civil durante 2024 y 2025, que incluyeron la digitalización retroactiva de libros registrales desde 1960.
Detalles de la inversión y necesidades específicas
Los fondos se distribuirán entre intervenciones edilicias en las ocho sedes judiciales y el desarrollo tecnológico necesario para integrar el sistema Vereda en la reestructuración organizativa. En Laredo, por ejemplo, se prevé una partida superior a 100.000 euros destinada a eliminar problemas crónicos de humedades y condensaciones en archivos y despachos, al tiempo que se ampliarán oficinas y se habilitará una sala específica para víctimas de violencia de género, garantizando la privacidad requerida en estos procedimientos. Esta actuación responde a la adaptación ya efectiva de la demarcación laredana a la nueva Ley de Eficiencia desde julio de 2025, que ha demandado ajustes urgentes en espacios y equipamiento.
La consejera enfatizó que esta inversión récord sale íntegramente de las arcas autonómicas, sin aportación económica del Ministerio de Justicia, pese a las exigencias de la norma estatal. Durante la legislatura actual, el Gobierno ha asumido un esfuerzo presupuestario sostenido en justicia, que incluye la aprobación de resoluciones sobre estructuras orgánicas, relaciones de puestos de trabajo y criterios de acoplamiento del personal en las nuevas oficinas judiciales, negociados previamente con los sindicatos.
Impacto en la administración de justicia y colaboración institucional
La reforma no solo persigue la adecuación física de las instalaciones, sino también la homogeneización de la gestión procesal en todos los partidos judiciales, facilitando un servicio más ágil y accesible para los ciudadanos. Urrutia valoró la colaboración con los colectivos judiciales, que ha permitido cumplir los plazos «exigentes» de la ley orgánica nacional, a pesar de la ausencia de fondos estatales para remodelaciones y adaptaciones. Este modelo de Tribunal de Instancia por demarcación, respaldado por oficinas judiciales unificadas, representa un avance hacia la eficiencia organizativa, alineado con los objetivos de simplificación administrativa impulsados por el Ejecutivo.
En el marco de la tramitación presupuestaria actual, esta partida refuerza el compromiso del Gobierno con la Justicia como pilar del Estado de Derecho en Cantabria. La visita a Laredo sirvió asimismo para visibilizar necesidades concretas en localidades costeras y del interior, donde las limitaciones infraestructurales han condicionado históricamente el funcionamiento judicial. Fuentes del Ejecutivo indicaron que las obras se licitarán con prontitud tras la aprobación de los Presupuestos Generales, priorizando aquellas intervenciones que impacten directamente en la operatividad diaria de los tribunales.
La medida se enmarca en una estrategia integral de modernización, que combina inversión material con avances digitales y reorganización del personal, asegurando que Cantabria lidere la implantación efectiva de la reforma judicial en el conjunto de las comunidades autónomas. Este hito presupuestario consolida la legislatura como período de transformación profunda en el sector, atendiendo tanto a imperativos legales como a demandas territoriales específicas.
