La Fiscalía de Cantabria solicita una multa de casi 430.000 euros para una sociedad hostelera de Suances y dos años de prisión, además de 6.750 euros de multa, para un apoderado de la misma mercantil, al considerar que ambos participaron en un fraude a la Hacienda Pública y en un delito de frustración de la ejecución. El juicio está señalado para este jueves, 16 de abril, a las 10.30 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
Según el escrito de acusación, la empresa vendió un hotel a otra sociedad y no declaró el impuesto de sociedades derivado del incremento patrimonial obtenido con esa operación. A ello se suma, siempre según la Fiscalía, que la mercantil dejó de cumplir de manera sistemática con sus obligaciones tributarias, entre ellas las autoliquidaciones trimestrales del IVA y la declaración informativa de operaciones con terceros, además de incumplir las obligaciones mercantiles básicas de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
El ministerio público sostiene que el administrador de la compañía, que permanece en paradero desconocido y fue declarado en rebeldía, realizó reintegros y transferencias desde la cuenta de la empresa con la intención de vaciar su patrimonio. Esa actuación, según la acusación, se habría llevado a cabo aprovechando la ausencia de controles internos en la estructura societaria y con la finalidad de dificultar la acción de Hacienda.
En paralelo, la Fiscalía atribuye al apoderado una actuación consciente de la situación económica de la sociedad y orientada también a impedir el cobro de las deudas tributarias. El escrito sostiene que realizó cuatro transferencias desde la cuenta de la mercantil a distintas personas y sociedades, algunas vinculadas a él, y que, tras el ingreso de un cheque de 242.000 euros, ordenó nueve transferencias que redujeron el saldo a apenas 3.000 euros, con el objetivo de evitar embargos por parte de la Administración tributaria.
La Agencia Tributaria había iniciado años atrás un procedimiento de comprobación inspectora y, tras diversas actuaciones ejecutivas, logró finalmente cobrar la deuda por la vía de apremio. Para la empresa, el ministerio público pide además la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y de acceder a incentivos fiscales durante cuatro años.
