El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha rechazado participar este miércoles en el pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia al considerar que la reunión es “ilegal” por vulnerar el procedimiento legal establecido y no respetar el orden del día previamente aprobado.
La posición del Ejecutivo autonómico se apoya en la idea de que no puede admitirse una modificación unilateral de los asuntos a tratar en un órgano colegiado de estas características, ya que, a su juicio, el orden del día debe quedar fijado con antelación y no puede ser alterado de forma sobrevenida.
En este contexto, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha defendido que Cantabria no puede avalar una reunión que, según su planteamiento, no respeta las normas básicas de funcionamiento de los órganos colegiados y pretende impulsar decisiones sin el consenso necesario de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo cántabro ha trasladado además su preocupación por el marco actual de gestión en materia de protección de menores migrantes no acompañados, al entender que el sistema de protección en Cantabria, como en otras regiones, se encuentra colapsado y no dispone de margen suficiente para asumir nuevos traslados sin una dotación económica adecuada.
La Consejería ha insistido en que la protección de un menor exige una evaluación individualizada de cada situación y no puede abordarse, según su criterio, mediante decisiones automáticas o generalizadas, ni con traslados ejecutados sin una financiación suficiente que garantice una atención integral.
Asimismo, el Gobierno autonómico ha defendido que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de asistencia social y protección de menores, por lo que considera que determinadas decisiones del Ejecutivo central suponen una invasión competencial.
En paralelo, Cantabria ha recordado que ya ha llevado al Tribunal Constitucional su rechazo al Real Decreto-Ley 2/2025, al entender que invade competencias de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y compromete el principio de autonomía financiera al imponer obligaciones de gasto no previstas.
La Consejería ha lamentado también que el Ministerio pretenda impulsar el Real Decreto sobre la capacidad de los sistemas de protección sin el consenso preciso de las autonomías, en un ámbito que, a juicio del Ejecutivo regional, exige cooperación institucional, pero siempre con respeto al marco competencial y con financiación suficiente y sostenida.
En esta misma línea, la posición del Gobierno de Cantabria se ha ido expresando en distintas reuniones previas del ámbito de infancia, en las que ha rechazado la propuesta estatal de distribución de menores migrantes no acompañados y la fijación de recursos económicos, al considerar que faltan claridad y criterios suficientemente explicados para calcular la capacidad de los sistemas de protección.
La publicación de Cantabria sobre esta cuestión se enmarca en un debate más amplio sobre la acogida y derivación de menores migrantes no acompañados, en el que el Ministerio ha actualizado la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma y ha situado a Cantabria en 206 plazas, frente a las 194 inicialmente previstas, según información difundida este martes.
En términos generales, el Ejecutivo cántabro mantiene que cualquier procedimiento en esta materia debe situar en el centro el interés superior del menor, pero sin desatender la sostenibilidad del sistema de protección ni imponer cargas sin la financiación ni la planificación que, a su juicio, requiere una cuestión de esta complejidad.
